El Gobierno cierra con Junts el reparto de los menores inmigrantes y Cataluña sólo recibirá entre 20 y 30 niños

El Gobierno aprueba este martes el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso.

El Gobierno ha cerrado con Junts un acuerdo para el reparto de unos 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, de los que irían a Cataluña unos 20 o 30, mientras que Madrid recibirá 700.

La medida incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener -como es el caso de Cataluña, apuntan las fuentes- reciban también una compensación económica "adecuada".

Según han confirmado fuentes de la negociación, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa el Consejo de Ministros aprobará la reforma del artículo 35 de la ley.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha liderado las negociaciones por parte del Ejecutivo central con el Gobierno canario y los grupos políticos para conseguir sacar adelante esta medida, comparecerá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes para explicar los detalles de la reforma.

Según han explicado las fuentes, el decreto supondrá una solución "real y permanente" a la situación de territorios frontera como Canarias, que tutela en la actualidad a 5.800 jóvenes, aunque la forma en que se llevarán a cabo estas derivaciones "se irá ajustando cada cierto tiempo a la situación real".

Se trata de una medida "estructural, definitiva, reglada y obligatoria de acogida de niños en todas las comunidades", precisan las fuentes, que se irá adaptando en función de la presión migratoria del momento y la capacidad de acogida de las comunidades.

Esta es una medida que han reivindicado de forma histórica las Islas Canarias ante la saturación de sus recursos asistenciales en momentos de grandes flujos migratorios hacia el archipiélago, ya que, según el marco legislativo actual, los menores permanecen bajo la tutela de la comunidad a la que han llegado.

En los últimos años se han realizado algunos repartos puntuales desde zonas como Canarias y Ceuta acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pero estos solo han alcanzado a pocos centenares de jóvenes y, además, no se han llegado a materializar completamente.

PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron la iniciativa para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería al Congreso en julio del año pasado, pero fracasó en su primer paso de tramitación -su toma en consideración- por la falta de apoyo del PP, Vox y Junts.