Cuanto más universal es el servicio más lo es el enfado

Cada fin de semana las manifestaciones contra el estado de la sanidad pública recorren España. Las demandas profesionales se han fundido ya con las ciudadanas y empiezan a transversalizarse políticamente. Los ciudadanos no sólo protestan por las deficiencias que presenta hoy el sistema. En la queja hay un elevado grado de desconfianza y temor porque no se percibe que las administraciones estén trabajando decididamente para resolver la crisis. Aunque el último Barómetro Sanitario (2024) del Ministerio de Sanidad aún registraba una valoración del sistema de un 6,3 es más que probable que esa cifra caiga en picado súbitamente. Cualquier opinión está condicionada por la constatación de que el sistema público “te salva la vida” llegado el momento. Esa es una garantía que oculta que en la mayoría de comunidades pueden tardar meses en hacerte una ecografía o más de un año para la cita con un especialista. Al fin y al cabo, y afortunadamente, necesitamos con más frecuencia que nos resuelvan problemas habituales de salud y no que nos salven la vida.

Un modelo agotado

Hay diferentes opiniones entre los expertos, pero mayoritariamente coinciden en que el modelo actual tal y como lo conocemos puede haberse agotado. Para reinventarlo, la financiación sería la pieza más barata y fácil de las soluciones. El dinero sólo es dinero, sobre todo si hay. Es mucho más complicado decidir cómo gastarlo correctamente. Y mucho más difícil es que desde todas las instancias políticas, instaladas en el cortoplacismo y las banderías, se pacten y arbitren las soluciones. Refundar un sistema sanitario público en un país de casi 50 millones de habitantes es una tarea hercúlea que exige visión política, enhebrar con habilidad la aguja a través de un sistema autonómico con competencias delegadas, requiere capacidad para implicar a los mejores expertos y profesionales y de paso hacerles caso. Un proyecto de este tipo no camina sin impulso político decidido, constancia y paciencia, porque no es un cambio que se opere en una legislatura y, por lo tanto, no es una acción política destinada a engordar el zurrón de los votos. Por eso es difícil, porque atacar con decisión y estrategia un empeño de esas características colisiona con el vuelo alicorto de la política actual. Mirar a largo plazo es más complejo, pero los resultados merecen la pena. Ya saben lo que debe hacer quien aspire a ser un estadista: pensar en las próximas generaciones en vez de en las próximas elecciones.

De los agudos a los crónicos

Existe un amplio consenso en que el modelo actual del Sistema Nacional de Salud no responde ya a las demandas complejas y cambiantes de la población ni está preparado para afrontar el incremento del 20% de la demanda en una década, según datos de la OCDE. Es un sistema que se basa en la atención hospitalaria y que no está preparado para asumir ni el envejecimiento de la población ni el hecho de que un tercio de los españoles padece alguna enfermedad crónica, un 20% más que hace diez años. En las condiciones actuales no sirve para hacer frente a la proyección que advierte de que diez millones de personas van a convivir con una enfermedad compleja en 2040. En definitiva, se apuesta por orientar el sistema de la atención a pacientes con dolencias agudas a los pacientes con enfermedades crónicas.

Uno de los elementos destacados por los expertos en gestión hospitalaria es la revolución inopinada que supuso durante el Covid la decisión de permitir a los equipos tomar decisiones organizativas y funcionales. Una especie de innovación y descentralización súbita en un sistema plúmbeo y atenazado por la burocracia. Así, enfocar el futuro sistema hacia la microgestión irrumpe como una variable novedosa y posiblemente eficaz. Atención domiciliaria, detección telemática, innovar en todos los ámbitos de la gestión, mejorar el reconocimiento de los profesionales sanitarios y establecer un sistema laboral que favorezca las carreras profesionales y la estabilidad de las plantillas.

En este sentido, Serafín Romero, que fue presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España, explica de forma muy interesante el papel de los profesionales: “La profesión médica lleva muchos años ejerciendo un papel de tutela de los derechos de los ciudadanos” en lo relativo a su salud en la defensa de un ecosistema “sanitario universal de calidad, eficiencia, equidad y solidaridad”.

Respecto al personal sanitario, se destaca la necesidad de fomentar la cobertura de plazas MIR de Medicina familiar y comunitaria y ofrecer a las enfermeras –de los 30 millones de enfermeros que hay en el mundo, el 90% son mujeres– unas condiciones laborales dignas y carrera profesional. Durante 2022, cada enfermera no especializada firmó una media de 2,76 contratos al año. Son muchas las propuestas que se plantean y que dibujan un modelo renovado de arriba abajo. Falta el resto.

Tres sanidades

Rafael Bengoa, uno de los más prestigiosos expertos en gestión y salud pública, reduce el futuro a tres escenarios. La primera posibilidad es limitar la asistencia a quien se pueda, racionando los recursos y con pequeñas reformas que serían ineficaces, es decir seguir parcheando. Es una idea cuyo resultado se adivina catastrófico para los pacientes y para el sistema. La segunda opción es transformarlo, lo que exige la inversión adecuada, así como tenacidad, y los pactos políticos y sindicales que favorezcan el desarrollo de un modelo asistencial diferente. La tercera alternativa técnica –pero inconstitucional– es privatizar el sistema, lo que implicaría aceptar un modelo desigual y diferente, basado en el negocio y no en la universalidad de un servicio público de calidad. Y todo en un país donde ya existen al menos tres sanidades: la pública, realmente herida; una privada “barata” que va camino de funcionar tan mal como la pública, y la sanidad privada cara, que es la única que funciona bien y a la que solo puede acceder un mínimo porcentaje de la población.

En realidad, la única opción viable es la transformación del sistema. Como ocurre con la universidad, no se trata de ponerle trabas a la medicina privada, ni de renunciar por completo a la colaboración público-privada, sino de embridarla, condicionarla, reorientarla, bien tasada y justificada, a las necesidades objetivas del sistema y no a los intereses y la oferta de las grandes compañías. El objetivo debería ser elevar la pública al lugar de excelencia en el que debería estar. Y el problema vuelve a ser el mismo que con la universidad: gobiernos autonómicos que tienen su sanidad pública bajo mínimos a la vez que incrementan los conciertos con la privada e incentivan su crecimiento con fondos públicos.

Agencia española de pensar a largo plazo

De la misma forma que el Estado se dota de agencias y organismos independientes como la CNMV, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Espacial Española o la de Evaluación de políticas públicas, debería inventarse la Agencia Española de Pensar a Largo Plazo. Sería de gran utilidad que alguien en España levantara la vista, analizara, anticipara los problemas y obligara a las administraciones a actuar. Si sus informes fueran vinculantes, mejor que mejor, que de papeles interesantes con verdín están llenos los cajones de las administraciones. El informe Abril, que redactó Fernando Abril Martorell en 1991, ya proponía reformas importantes para el sistema sanitario pero sus primeras recomendaciones no se aplicaron hasta 12 años después, cuando los usuarios expresaban un nivel de desconfianza del 77%, las listas de espera eran una película de terror y el sistema estaba al borde del colapso.

Una década de infrafinanciación

Un primer paso importante sería que los partidos pactaran un nuevo modelo de financiación que tuviera en cuenta esta necesidad urgente, incluyendo todas las variables poblacionales necesarias. El sistema lleva más de una década infrafinanciado. Pero sabemos que no va a haber un acuerdo a corto plazo por más que el sistema esté vencido hace once años y la financiación actual no responda a la fotografía real de cada comunidad. La mayoría de las comunidades, gobernadas por el PP, ni siquiera parecen dispuestas a aceptar la quita de la deuda, haciendo seguidismo de la estrategia marcada por la calle Génova y despreciando sus legítimos intereses territoriales.

El común de la gente seguramente desconoce los intríngulis de la financiación, los vectores que influyen y cómo cada uno de ellos determina el dinero disponible que tendrá su comunidad autónoma y por lo tanto cómo influirá en su vida. No lo saben, pero lo que sí saben es que esto tiene mala pinta, que el sistema va mal y que el desacuerdo político es omnipresente. Hasta la intuición más básica deduce que así no se arregla nada.

Enfado transversalizado

Constatado que el camino hacia un nuevo modelo del sistema sanitario es empinado y que las dificultades son muchas y variadas, sumemos un nuevo aspecto: cómo actúa el poder político ante las quejas ciudadanas. En este tiempo tan polarizado, las manifestaciones se inscriben como un automatismo en una acción del adversario político. Con esa mera atribución de responsabilidades, los conmilitones, muchos militantes, simpatizantes y votantes mandan al cuarto de los tiestos rotos la protesta, como si no existiera o como si realmente ese malestar embolsado fuera solo cosa del oponente. Pero harían mal los gobiernos regionales en desoír los gritos de hoy porque entre quienes protestan hay muchos “suyos”. El enfado está transversalizado y basado en hechos, datos y percepciones diarias e incluso en algún caso ya judicializado de posible corrupción en la gestión de los sistemas sanitarios. La sanidad fue durante un tiempo un ejemplo de lo que funcionaba razonablemente bien. Un patrimonio querido y valorado por todos. Los ciudadanos observan cómo les han arrebatado algo que era suyo y de lo que estaban orgullosos. Cuanto más universal es el servicio, más universal es el enfado.

Las mayorías absolutas blindan durante un tiempo, pero no todo el tiempo. La asistencia sanitaria de calidad no es asunto de pacientes de derechas o de izquierdas, por lo que es completamente absurdo montar una estrategia con ese punto de partida. Es insensato desoír y descalificar a quienes protestan. De poco sirve esgrimir supuestos y excelentes datos estadísticos de hoy contra los teóricos fracasos de la gestión del otro cuando hay que esperar un año para que te atienda un dermatólogo. Además, en esta era ya nadie se cree los datos, han perdido todo el valor, como la verdad. Deberían saber que tarde o temprano los ciudadanos terminan uniendo la línea de puntos.

BREVERÍAS

Desacuerda, que algo queda

Como ya se intuía: el hecho de que Sánchez y Feijoo estén prácticamente de acuerdo en todo lo referente a la crisis de los aranceles no garantiza que vayan a consensuar las medidas ni que podamos contar con un frente común de los dos grandes partidos. Dice el líder del PP que hay un acuerdo oculto con Junts para favorecer a las empresas catalanas. Mientras, en Pekín, Sánchez trabaja con Xi Jinping en una nueva relación China-UE (con las bendiciones de Von der Leyen, que aprovecha que aún le queda un presidente de izquierdas relevante en la UE) y dice que lo ve como "un socio", mientras desde Washington le replican que lo que hace es "como cortarse el cuello", que es paradójicamente lo que está haciendo Trump con el resto del planeta. Y a su vez, China y EEUU jugando al ping-pong: el partido ya va por el 125% de aranceles a EEUU. Es como ese final de partida en el Monopoly en el que cada jugador pone todo lo que tiene para comprar esa propiedad que se le resiste. En un Monopoly el dinero es de mentirijilla.

Reprobando

El PP, que controla el Senado, ha reprobado esta semana a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Ha sido por un surtidito variado de motivos: por no presentar presupuesto ni tener un nuevo modelo de financiación autonómica, por el incremento de la carga fiscal y por meterse con los jueces. Es la sexta reprobación que aprueba el PP desde febrero. Ya son cinco ministros reprobados, a los que se suma el fiscal general. Y los que quedan. No tiene efecto alguno ni es vinculante y el reproche político pierde fuerza cuando se convierte en tradición mensual. Sólo sirve al ruido y a que no se apague la hoguera. ¿Cómo puede pensar el ciudadano que el Senado no sirve para nada?

El FMI vs el Banco de España

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha anunciado que la entidad revisará a la baja las cifras previstas de crecimiento económico de nuestro país para 2025 debido a la crisis de los aranceles. En cambio, el FMI las va a revisar al alza, hasta el 2,5%, dos décimas más. Se basa el FMI en el dinamismo del sector exterior español y en la fortaleza del mercado laboral. En 2024 España fue la economía europea que más creció, por encima del 3%. Cautela en casa vs optimismo exterior. De momento, el Gobierno de España se ha hecho muy fan del FMI.

Garibaldi bien vale una colecta

Pablo Iglesias siempre fue un político muy creativo. Esa creatividad la ha traslado al ámbito de los negocios: ha abierto una suscripción popular para conseguir los 146.000 euros que necesita para trasladar y ampliar su taberna Garibaldi, sita en el madrileño barrio de Lavapiés. Ofrece a cambio un mail de agradecimiento para quienes pongan 25€, una foto de los tres socios saludando –los otros son un poeta y un músico– para quienes aporten 50€, un vídeo para los que apoquinen 150€ y una canción grabada para quien contribuya con 250€. Ya ha recaudado 16.000€: los fetichistas no tienen límites. No lo dice explícitamente, pero seguro que una vez conseguida la financiación popular socializará los beneficios entre parroquianos, vecinos y ciudadanos de pro. Cerveza y dividendos para el pueblo.