Shakira podría enfrentarse a una pena de cárcel por evadir impuestos
Delito fiscal
Hacienda ratifica que la cantante no pagó sus impuestos en España entre 2012 y 2014, y no se cree su versión de que vivía en el extranjero
La Agencia Tributaria española remitió este miércoles un nuevo informe al juzgado en el que ratifica que la cantante Shakira defraudó 14,5 millones de euros (17,4 millones de dólares al cambio actual) a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades.
Según informaron fuentes jurídicas este miércoles, en su informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda española contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, que esgrime su agenda de conciertos y televisiva para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España y, por lo tanto, no tenía obligación de tributar en este país.
Ante esa situación, la titular del Juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona, noreste de España) citó a declarar para el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa para que le expongan su tesis sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de Shakira, según avanzó el diario El Periódico de Catalunya.
En enero del año pasado, dos actuarios de la Agencia Tributaria ya declararon ante la juez instructora y se reafirmaron en el informe que en su día enviaron a la Fiscalía para comunicar que la artista habría estado evadiendo el pago del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ) entre los años 2012 y 2014. A raíz del informe de Hacienda, la Fiscalía española presentó en diciembre de 2018 una querella contra la cantante y su asesor fiscal en Estados Unidos, a los que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por urdir un "plan" para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que Shakira percibía.
Concretamente, el ministerio público sostiene que la cantante "canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional" -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense La Voz o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. El ministerio público considera que la querellada tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.
Shakira ya devolvió a la Agencia Tributaria los 14,5 millones que esta le reclamaba, más las correspondientes deudas e intereses, pero insiste -y así lo mantuvo ante la juez instructora cuando la citó como investigada- que en las fechas analizadas no tenía obligación de tributar en España. La cantante sostiene además que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat (Barcelona) en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces únicamente realizaba visitas puntuales debido a su relación sentimental con su actual pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Shakira alegó ante la juez que sus ausencias no eran esporádicas sino que realmente residía en el extranjero, ya que mantenía una agenda de conciertos internacional y participaba en el programa La Voz en Estados Unidos.
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