Se complica el conflicto por las filtraciones del caso La Manada

Se complica el conflicto institucional en torno a la filtración de datos personales de la víctima de La Manada: a la espera de lo que resuelva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los secretarios judiciales de puntos como Navarra y Vigo han dejado de dar sentencias a la prensa, mientras que algunos presidentes de Tribunales Superiores han asumido la competencia de eliminar los datos reservados, en lugar de hacer responsable al secretario.

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), como asociación profesional mayoritaria en el sector, recomendó a sus afiliados no dar más sentencias a los Gabinetes de Prensa, dependientes de los Tribunales Superiores autonómicos, después de que un primer dictamen del CGPJ considerase a la secretaria judicial de la Audiencia de Navarra responsable de la divulgación del Código Seguro de Verificación (CSV) que contenía datos personales de la víctima de La Manada.

El CGPJ retiró ese primer informe inculpatorio del orden del día de su Comisión Permanente, a la espera de recabar más datos.

Los secretarios judiciales entienden que su compañera del caso La Manada actuó según el Protocolo de Comunicación de la Justicia de 2015, que establece que los Gabinetes de Prensa de los Tribunales Superiores son los responsables de eliminar en las resoluciones judiciales que difundan los datos personales de los participantes en el pleito.

También son los encargados de incluir en la comunicación una advertencia de protección de datos para quien reciba el documento.

Hasta ahora la toma de posición más contundente ha sido la del presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente-Manuel Rouco, que “ha asumido plenamente la responsabilidad” y se ha comprometido, como último responsable del Gabinete de Comunicación, al “filtrado y supresión de todo tipo de datos de carácter personal”.

En un oficio, Rouco ha trasladado “a todos los letrados de justicia de esta comunidad autónoma la petición de que sigan entregando escritos de calificación y sentencias”, y el presidente “como responsable último de las funciones y actuaciones del Gabinete de Comunicación, asume plenamente la responsabilidad que pudiera derivarse de la utilización de los datos que contengan las copias y resoluciones que se faciliten a dicho gabinete, comprometiéndose al filtrado y supresión de todo tipo de datos de carácter personal que figuren en los mismos”.

Aprovecha su escrito para trasladar el “respeto, consideración y agradecimiento a la eficaz colaboración que todos los letrados de justicia han venido dispensando al Gabinete de Comunicación“.

Fuentes del Colegio Nacional de Letrados indican a este periódico que en similares términos se ha pronunciado el presidente del Tribunal Superior de Canarias a través de su Secretaria de Gobierno.

Mientras tanto, algunos secretarios han comenzado a aplicar restricciones: El pasado 12 de julio, el Gabinete de Prensa del TSJ de Navarra informó de que tres hombres habían sido condenados en juicios rápidos en los sanfermines de este año por abusos sexuales, si bien no se pudieron conocer las penas exactas porque los secretarios judiciales de ese partido habían decidido no facilitar más sentencias ni autos a la prensa.

Por su parte, los secretarios de los tres juzgados de lo penal de Vigo comunicaron oficialmente que desde el 9 de julio iban a dejar de remitir resoluciones al Gabinete de Prensa, “salvo orden directa expresa e individualizada de nuestros superiores“.

Mantendrán esa medida “hasta que no se adopte una solución razonable por el Consejo General del Poder Judicial que no suponga atribuir a la compañera de Navarra la responsabilidad de la filtración de datos sensibles de la sentencia”. La letrada de Navarra fue objeto de una situación “absolutamente injusta”, según sus compañeros de Vigo.

Otra asociación mayoritaria entre los secretarios, la Unión Progresista de Letrados de Justicia (UPSJ), no ha aconsejado el boicot pero ha aplaudido intervenciones con la del presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, “deseando que su actuación ejemplar no solo se extienda a todas las comunidades de España, sino que sirva de ejemplo tanto al propio CGPJ como al Ministerio de Justicia, de cómo ser operativos en la resolución del problema, sin encallarse en la búsqueda de culpables”.

La responsabilidad sobre la custodia de los datos personales figura en la agenda de la reunión que todas las asociaciones de letrados de Justicia mantendrán el día 24 con la ministra del ramo, Dolores Delgado.

La UPSJ exigirá “un pronunciamiento ministerial sobre cómo debemos gestionar la protección de datos con los que trabajamos diariamente, bien mediante el dictado de instrucciones, bien proporcionando programas de formación específicos o de la manera que ellos entiendan, pero debemos tener definitivamente un marco de seguridad jurídica, del cual carecemos y por ello estamos a merced de imputaciones tan injustas, indignantes, como ha ocurrido en el reciente caso de la compañera encargada del caso de La Manada”.