Crece la infraestructura de carga, pero no al mismo ritmo en toda España

Transport & Enviroment y Ecodes han investigado cuál es la situación actual de la red de infraestructura de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Fruto del mismo es el informe "Estado actual de la infraestructura de recarga del VE en España y recomendaciones para su desarrollo" publicado en el mes de noviembre.

Entre los resultados de su estudio están mapas que refleja la distribución de los cargadores, así como el cumplimiento del AFIR -Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos en vigor desde octubre- por provincias, si bien el ámbito de esta nueva norma es nacional.

El AFIR establece dos objetivos principales de estaciones de carga para los miembros de la UE: uno basado en el parque de vehículos eléctricos, de manera que por cada vehículo ligero eléctrico de batería haya 1,3 kW de carga pública y por cada híbrido enchufable 0,80 kW, otro en la distancia a intervalos de 60 km a lo largo de las principales carreteras europeas y a espacios de 100 km en las redes secundarias que conforman la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), a partir de 2025 y 2027, respectivamente. Hoy España está cerca de cumplir los objetivos de AFIR a nivel nacional.

En todo caso, y de acuerdo con la legislación de la UE, España deberá duplicar el actual número de infraestructuras de recarga de acceso público en 2027 y, en 2030, tendrá que contar con una cantidad de cargadores diez veces superior a la actual. Estos objetivos son ambiciosos, pero según T&E son factibles como lo demuestra la multiplicación por diez de los cargadores existentes en 2020 respecto a la actualidad.

Para conseguirlo, según T&E y Ecodes, el Gobierno debe seguir, entre otros, el ejemplo de Alemania o Países Bajos y elaborar un plan nacional para el despliegue de infraestructuras de carga de cara a ese año 2030.

En la actualidad, las provincias de Madrid y Barcelona, que suponen un 3 por ciento del territorio de España, albergan el 28 por ciento de los cargadores, con un despliegue que el estudio califica como correcto en las grandes ciudades. Sin embargo, se hace necesario definir objetivos provinciales para el desarrollo de una infraestructura de carga en España que cree una red en consonancia con los vehículos eléctricos matriculados en cada provincia.

Según Oscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas de T&E, "España es diferente del resto de países europeos, por su topografía y su densidad de población y como tal necesita soluciones propias. Es necesario un plan que se ajuste a la realidad española. Disponer de puntos de recarga en zonas de baja densidad de población y en especial en todas las principales carreteras del país es clave para facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades, así como dar la posibilidad a empresas y profesionales a operar en esas zonas con vehículos eléctricos.”

Y es que la mitad del territorio español -la llamada España vaciada- sólo cuenta con el 15 por ciento de los cargadores, según el estudio de Transport & Environment España, mientras que la gran mayoría de cargadores públicos se encuentran en esas provincias que albergan las ciudades más grandes.

El estudio señala además la necesidad de tener en cuenta factores como los territorios más turísticos o con segundas residencias, en los que los vehículos se multiplican durante algunos meses. También la necesidad de tener en cuenta el tipo de vivienda predominante en cada zona, dado que el acceso a la recarga doméstica variará según ésta: no es lo mismo que se trate de chalets que de bloques de viviendas o que estos tengan o no plazas de garaje; así como si el aparcamiento es en propiedad o alquilado. Todo repercutirá en una mayor o menor demanda de la red de recarga pública.

Cristian Quilez, responsable de transporte y movilidad de ECODES concluye que “dejar el despliegue plenamente en manos del mercado libre con las mismas reglas de hoy en día, supone que la inmensa mayoría de los puntos de recarga se instalarán únicamente en lugares donde puedan generar un beneficio económico desde el primer momento. El Gobierno nacional y los gobiernos regionales, a través de la colaboración con el ecosistema económico y social, deben garantizar la cohesión social y vertebración territorial en la implementación de esta infraestructura a través de un mallado similar al de los surtidores actuales para vehículos de combustión fósil“.