Competencia fiscal entre autonomías (i)

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha informado de que las autonomías dispondrán el próximo año, en números redondos, de unos 150.000 millones de euros, casi un 15% más que este, y del reparto de los esfuerzos para el objetivo de déficit. Las comunidades votaron en contra, pero no sirvió de nada porque en este Consejo solo cuenta lo que propone o acepta el Gobierno. También se preguntó por la negociación bilateral con Cataluña, cuya consejera ausente manifiesta que sobre estos temas ella solo discute con el Gobierno y a solas, aunque lo que acuerden importe, y mucho, a las demás. Montero esquivó el acoso con descaro y negando, sin resultar muy convincente, que exista negociación alguna de esa naturaleza.

Si estos son los resultados, después de año y medio sin reunirse, pese a la obligación de hacerlo cada seis meses, la impresión es que el CPFF es un nuevo caso de institución desactivada y que si las autonomías se resisten a abandonar su sainete debe ser porque no existe otro donde establecer las reglas para la competencia fiscal entre territorios.

Irlanda, uno de los países tradicionalmente más pobres de Europa, es ahora uno de los más ricos, gracias a sus reformas fiscales de 1987 y 1998. La Unión Europea desmanteló las fronteras interiores, pero no consiguió acabar con las institucionales, como se deduce de los obstáculos a la armonización tributaria. Pero si los incentivos ofrecidos por Irlanda lograron superar las barreras institucionales levantadas por los países miembros y convertirse en un gran foco de atracción de inversión internacional, es razonable pensar que, en el caso de las regiones, el efecto de la competencia fiscal debe ser todavía mayor.

Durante años, las ventajas fiscales de País Vasco, Navarra y Madrid, por el efecto capitalidad, les han permitido capturar, junto a Cataluña, la mayor parte de las decisiones de inversión empresariales, gracias al diferencial de productividad con el resto. En el lado opuesto, Andalucía, donde los dramas de paro y atraso secular son el resultado de un mecanismo de subsidios y transferencias de renta, que permitió acabar con la emigración e impedir que la diferencia salarial con el resto se alinease con la de productividad. También nos condenó a resignarnos con nuestra condición de economía periférica y atrasada.

Tras la crisis de 2008 las transferencias interregionales se debilitaron y las cosas comenzaron a cambiar. En Andalucía, tras el relevo en San Telmo en 2019, la competitividad fiscal se convirtió en uno de los ejes centrales de la estrategia económica del nuevo Gobierno. El conflicto con el Gobierno central estaba garantizado y no tardó en aparecer, a diferencia de lo ocurrido con Cataluña y su aspiración a una relación fiscal ventajosa con el Estado, aprovechando el valor estratégico del voto independentista en el Congreso. El problema para los andaluces es que si Cataluña gana, Andalucía pierde y viceversa, pero mientras que ellos tendrán la oportunidad de jugar sus cartas en un tablero de negociación con exclusivas ventajas de partida, el resto todavía desconoce el terreno en el que deberán competir en la defensa de sus preferencias.