Oído al parche: ¡atención a la financiación!

Como todo el mundo sabe, en España estamos viviendo tiempos convulsos desde hace una buena temporada. Convocatorias electorales en cascada y formación de gobiernos de composición plural y de enfoques internos contradictorios hasta el extremo: ¿cómo denominar “progresista” a un gobierno en cuyos apoyos se mezclan partidos nacionalistas de izquierda y de derecha ultramontana, socialistas coyunturalistas e izquierdistas de origen pero reconvertidos a defender políticas dirigidas a la satisfacción de intereses diversos de colectivos “especiales”…? ¿Cómo pensar en la existencia y capacidad de un diseño político para la España integral, cuando los cambios de ruta han sido, en los últimos años, continuos y condicionados por la necesidad de buscar apoyos de muy diversos sectores del espectro político español, más fragmentado y radicalizado que nunca, y más orientado a elaborar “relatos justificativos de sus respectivas existencias políticas”, sucesivos y contradictorios entre sí, en brevísimos espacios de tiempo?

Estamos viviendo tiempos convulsos… Hasta el extremo de que, hoy por hoy, no encontramos ningún analista político cualificado que se atreva a exponer cuál puede ser el inmediato futuro de nuestra nación. Nadie se atreve a ofrecer un pronóstico, nadie plantea una propuesta para el corto plazo, y nadie sabe hacia dónde podrían conducirnos dentro de un mes, o de tres meses, o de un semestre o de un año…

No obstante, yo me atrevo a adelantar un pronóstico. Sea cual sea el resultado de las elecciones europeas; sea cual sea la solución –o la falta de ella– para la gobernación de Cataluña; y sea cual sea el proceso –a corto, medio o largo plazo– de sucesivas elecciones catalanas o generales hay una cuestión sobre la mesa económico-alimentaria de todos y cada uno de los ciudadanos de España: desde Cataluña se va a seguir planteando la exigencia de un modelo de financiación que –a tenor de los precedentes, desde las proclamas de los diversos grupos políticos y desde las sugerencias de las clases dominantes de dicho territorio– se nos va a plantear a todos: van a seguir exigiendo un sistema de financiación especial para Cataluña, lo más próximo posible al cupo vasco y al régimen especial de Navarra. Un nuevo sistema que, sin duda alguna, afectaría a las posibilidades de acción pública del resto de Comunidades Autónomas de Régimen Común. Porque Cataluña, les guste o no a ellos, es una comunidad autónoma de Régimen Común.

A propósito: en las comunidades de Régimen Foral –País Vasco y Navarra– el régimen financiero respectivamente vigente es absolutamente atentatorio contra la igualdad de los españoles y contra la solidaridad entre territorios. No estoy seguro de qué podría resolver la Unión Europea si se planteara la cuestión ante los organismos judiciales o políticos correspondientes. Por poner un ejemplo: en la República Federal de Alemania –paradigma del federalismo contemporáneo– todos los länder federados están sujetos a un mismo sistema común de financiación, ya sean las Ciudades-Estado de Bremen, Hamburgo o Berlín, ya sean Baviera o Renania del Norte-Westfalia, ya sea Mecklemburgo-Pomerania. Se trata de legislación federal de una república contemporánea, no de una reviviscencia historicista, procedente de la España feudal.

Y termino. Un sistema de financiación especial para Cataluña atacaría en su corazón dos principios constitucionales clave: la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre todos los territorios de España. Creo que los responsables públicos de los distintos territorios de España tendrían que ponerse a pensar en esta cuestión, para tener propuestas y diseños que salvaguardaran el estatus vital de todos los ciudadanos cuya protección les compete.

Es una cuestión que nos atañe a todos los españoles. Y convendría empezar a trabajar sobre ella.