Agencia de Salud Pública

Durante la pandemia de Covid-19 se puso de manifiesto la necesidad de disponer de mejores instrumentos para la toma de decisiones compartidas en un sistema sanitario tan descentralizado como el español. A lo largo de la década pasada en la que, conocedores de los desafíos de carácter global (recuerden la pandemia de Gripe A en 2009) y de la necesidad de articular respuestas coordinadas en el conjunto del Estado español, se promulgó la Ley General de Salud Pública en 2011 que contemplaba la obligación de desarrollar una Estrategia Nacional de Salud Publica y la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. Tuve la oportunidad de trabajar como secretario general de Sanidad en la formulación, impulso y aprobación de dicha Ley y siempre he lamentado que los Gobiernos del Presidente Rajoy hicieran caso omiso en el desarrollo de estos mandatos a pesar de que la Ley citada contó en su aprobación en 2011 con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Finalmente, se ha retomado la articulación de los mandatos de la Ley General de Salud Pública y hay una decisión firme de crear una Agencia Estatal de Salud Pública mediante una Ley específica que (en estos momentos) está siendo tramitada en el seno de las Cortes Generales y es de esperar que en pocos meses culmine con su aprobación definitiva. Articular un sistema de vigilancia epidemiológica moderno y efectivo que ayude a toma de decisiones y a la investigación de los fenómenos de salud colectiva, será uno de sus desafíos. También, establecer criterios y estructuras de coordinación y gobernanza comunes que permitan actuaciones conjuntas cuando sean necesarias, y también actuaciones específicas alimentando experiencias de buenas prácticas.

De otro lado, desarrollar las tareas que puedan impulsar nuestra capacidad de disponer de los recursos que permitan fortalecer las estructuras de salud pública de cada una de las administraciones, para asegurar que todo el conocimiento se pone al servicio de las acciones de las instituciones autonómicas, las del Estado e, incluso, de la Unión Europea.

Será necesario también redefinir el espacio y las competencias de las profesiones sanitarias y de otras no sanitarias que deberán incorporarse a las tareas de salud pública con una nueva organización de la especialidad de salud pública. Habrá que dar entrada, (como ya se establecía en la Ley General de Salud Pública de 2011), a otras profesiones como la enfermería, la profesión farmacéutica, la profesión veterinaria y otras. Y habrá que hacerlo con determinación política y con generosidad por parte de las organizaciones profesionales.

La futura Agencia tendrá que contar con una estructura organizativa propia y un conjunto de profesionales incorporados de manera permanente, al tiempo que tendrá ofrecer respuestas coordinadas incorporando (en modo de trabajo en red) a los profesionales y las buenas prácticas de las administraciones autonómicas.

La creación de esta futura Agencia Estatal de Salud Pública supone una oportunidad de demostrar que las políticas públicas pueden tener un futuro de solvencia en España, porque para su éxito se necesitará hacer un ejercicio de lealtad institucional imprescindible para poder desarrollar políticas de Estado cuando haya que abordar respuestas de interés general que trasciendan las fronteras artificiales, de las que no entienden ni los virus, ni las bacterias ni los determinantes sociales.