Autonomías e igualdad

En la financiación estatal a las autonomías es razonable que los fondos, independientemente de cómo se recauden, se distribuyan de una manera solidaria; estos días, coincidiendo con las pretensiones de Cataluña, que improvisa una forma de recaudación que no es ni eficiente ni necesaria, hemos visto comparaciones sobre porcentajes del total que corresponden a cada comunidad, o respecto a lo que produce, o por habitante. Cada uno utiliza el criterio que mejor le viene para denunciar agravios, aunque como demostró, hace ya casi diez años, Josep Borrell en su libro: Las cuentas y los cuentos de la independencia, que hay que releer, el sistema es bastante justo, señalando en una entrevista reciente que un enfoque federal implica “reconocer lo diferente y reforzar lo común”.

Otra cosa son las desigualdades dentro de una comunidad, pues los fondos estatales que se exigen lleguen iguales a todos los españoles, una vez en manos de la comunidad autónoma, ¿se reparten igual para todos? Una cuestión relacionada es la distribución de la renta, para lo que eI INE proporciona un índice de concentración que con el último dato desagregado muestra una desigualdad considerable en Madrid, y algo más de desigualdad relativa dentro de Canarias y Andalucía; se puede ir al detalle y así vemos que Málaga, la tercera capital de provincia más pobre por renta neta por habitante, tiene sin embargo una relativamente baja desigualdad interna. Aunque este índice, que se mueve entre 29 y 35 (100 y 0 serían la concentración absoluta o la máxima igualdad), es un indicador poco preciso, no deja de ser un hecho que a veces echando la culpa al sistema de reparto nacional, se disimula la desigualdad y la ineficiencia propia. Se nos olvida que la administración regional y la local gestionan el 50% del gasto, el 30% es seguridad social, y al Estado le queda sólo el 20%.

En esta línea de desigualdades espaciales es muy bueno el VI Informe sobre la desigualdad en España 2024, de la Fundación Alternativas, dirigido por Olga Salido y Jesús Ruiz-Huerta; en la parte demográfica muestra que la transición hacia el estancamiento se dio en Cataluña en 1987, en 1993 en Madrid, en Andalucía en 2013 y en Murcia 2018, lo que explica las dinámicas poblacionales propias, los flujos migratorios y la importancia de ambas para determinar políticas para el bienestar de las personas, y su financiación. Mencionan los autores la Estrategia Nacional al Reto Demográfico, de 2020, donde se plantea que los servicios han de llegar a todo el territorio con respuestas distintas a problemas diferentes, pues es la única forma de tratar a todos por igual.

Cuatro ideas surgen de todo esto, la primera, que pese a las quejas de unos y otros el sistema actual es razonablemente equitativo y sólo requeriría algunos ajustes. Segundo, alterar sustancialmente la forma de recaudación es ineficiente e innecesario. Tercero, hay que profundizar en las dinámicas demográficas para planificar y financiar el suministro de agua, vivienda, o transportes, desde el Estado, e internamente por las comunidades. Y cuarta, las fuertes desigualdades dentro de una comunidad autónoma hacen que la solidaridad que se exige desde fuera también debería plantearse hacia dentro.