Las cuentas, y las posturas, que queden claras

Erc ha exigido, para apoyar la investidura del candidato socialista Salvador Illa a la Presidencia del Parlamento catalán, la salida de Cataluña del régimen común del sistema de financiación. Y el PSOE se lo ha concedido. Así, Cataluña pasará a recaudar, y a quedarse con ellos, todos y cada uno de los impuestos. Sólo aportará una cantidad –un cupo– para compensar los servicios que el Estado presta en, o para, esa región, y para “cierta” solidaridad con el resto. Evidentemente, con este cambio persigue quedarse con un trozo más grande del pastel del montante de impuestos recaudados en España.

La recaudación impositiva actual es complicada porque existen muchos tipos de impuestos, algunos cedidos (Sucesiones y donaciones, AJD y ITP) y otros (IVA, IRPF, Sociedades y especiales) compartidos entre el Estado y las CCAA. Pero más allá de quién gestione la recaudación y la proporción que en principio se atribuye, actualmente se realiza una cuenta de reparto final para nivelar la situación financiera de las distintas comunidades autónomas, tal y como marca la Constitución.

Tomando los datos de 2022 y siguiendo el informe publicado por Fedea este miércoles, en esa cuenta, tres comunidades aportan (Madrid, con 7.395 millones de euros, Cataluña, con 2.088 millones y Baleares, con 345 millones) y el resto recibe. Pero esto sólo significa la inyección neta de recursos que el sistema aporta o detrae a cada región por encima de lo recaudado en su territorio. La falacia es suponer que lo que se recauda en un territorio es “suyo”. Todo lo recaudado por impuestos es de todos. Y hay que garantizar que reciban por igual todos los ciudadanos que componen España.

Dos comunidades no participan de esta cuenta nacional, País Vasco y Navarra, que sólo aportan un cupo anual oscuro e insuficiente. Esto, algo completamente sangrante e injusto, está consagrado desde la Constitución. Cataluña quiere añadirse. No es que deje de aportar esos 2.088 millones, sino que, mucho más importante, se quedaría la parte estatal de los impuestos compartidos menos el cupo fijado. En total, según los cálculos de Fedea simulando distintos cupos, Cataluña tendría entre 6.600 y 13.200 millones de euros más al año. Justo lo que las demás comunidades tendrían de menos.

Para que el resto de regiones no se vieran perjudicadas y elevaran sus ingresos en la misma proporción que Cataluña, sería el Estado el que tendría que sufrir esa merma de recursos, entre 31.000 y 62.000 millones de euros, según Fedea. Algo imposible, porque tendría que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos.

El PSOE ha dicho sí a Cataluña, a sabiendas de que es imposible que se salga con la suya sin que las otras regiones no salgan perjudicadas. Hay que negarse completamente a esto. Y, en lo que nos afecta, el señor Espadas, al que se le ve continuamente en los actos junto a Pedro Sánchez poniendo esa sonrisa servil, que tan bien ha descrito siempre la literatura, debería pronunciarse alto y claro, sin vendernos motos que difuminen y perviertan la realidad. Y a la señora Montero sólo hay que recordarle su postura cuando pertenecía al Gobierno andaluz y sus declaraciones de hace poco más de dos semanas: que examine su conciencia.