Hay que seguir implementado medidas de prevención

Veinte años han pasado ya desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una ley impulsada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que consiguió situar en primera línea del debate político está realidad que, hasta entonces, estaba en un segundo plano. Se avanzó notablemente en la concienciación social, en los mecanismos legales de protección de las mujeres, y en la dotación de recursos públicos. Hoy, dos décadas después, sigue siendo un asunto prioritario para todos los que ostentamos responsabilidades de gestión porque, aunque se han producido avances, la violencia de género sigue existiendo.

Las cifras son terribles. A lo largo de estos años, cerca de 1.300 mujeres, por el mero hecho de serlo, han perdido la vida a mano de sus parejas. Una cifra inasumible para una sociedad que se sustenta en profundos valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. El Convenio de Estambul es rotundo en su articulado al calificar la violencia contra las mujeres como una violación de esos derechos humanos, por lo que su vulneración es algo que no nos podemos permitir si nos definimos como una sociedad moderna y avanzada.

Todas las administraciones tenemos la responsabilidad de actuar para evitar que esto sea así. Por eso, debemos seguir implementando más medidas de prevención, protección y enjuiciamiento de los culpables, con el objetivo de seguir avanzando en la eliminación de esta lacra. Es necesario dar pasos firmes en esta dirección y, aunque sean lentos, tenemos que seguir dándolos.

En la Subdelegación de Gobierno, la unidad de Viogén actúa bajo este principio de trabajo constante y comprometido con el objetivo de concienciar a la ciudadanía, implicar a todos los actores sociales y dar respuesta a las necesidades de las víctimas cada día. Córdoba es la provincia andaluza con un mayor número de municipios, 44 de 77 municipios, adheridos al sistema de seguimiento integral de violencia de género. Una herramienta básica para integrar la información policial, judicial y penitenciaria de cada caso y en la que es especialmente relevante el papel de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Su contribución a la protección de las víctimas resulta crucial para garantizar su seguridad.

En esta línea tenemos que seguir. Veinte años después de la aprobación de una ley que supuso un hito en nuestro país, hay que continuar concienciando, legislando y dotando de recursos al sistema para que sigamos avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es nuestra obligación moral y política. Y todos tenemos el deber de actuar para conseguirlo.