Inmigración

Según el INE, la población residente a primeros de abril ascendía a 48,7 millones, de los que 6,6 (13,5%) eran extranjeros. Con respecto al primer trimestre de 2023 la primera se ha incrementado en 459,6 mil (un 0,95%) y los extranjeros en 339,2 mil (un 5,44%), sobre todo colombianos, marroquíes y venezolanos, lo que indica que solo una cuarta parte, el 26,2%, ha sido de naturaleza vegetativa (diferencia entre nacimientos y defunciones). Pero si se echa la vista atrás se aprecia que la demografía española ha tenido un comportamiento muy irregular a lo largo de los últimos años.

La crisis de 2008, cuando los residentes con nacionalidad española representaban el 84% del total, detuvo la inmigración y elevó el porcentaje al 85,6% a finales de 2014. El saldo migratorio, que llevaba cuatro décadas en positivo, cambió a negativo entre el segundo semestre de 2009 y el de 2014, pero a partir de este año, que coincide con el inicio de la recuperación de la crisis, el peso de los españoles comenzó a reducirse hasta alcanzar su valor mínimo, el 79,3%, durante el primer trimestre de 2024. El último dato de saldo migratorio publicado por el INE corresponde al primer semestre de 2022 y fue positivo nada menos que en 258.306 personas. Una de las principales consecuencias es que el crecimiento vegetativo negativo que se inicia en 2015 y se intensifica posteriormente, ha sido sobradamente compensado por la llegada de extranjeros, consiguiendo evitarse la disminución neta de la población.

El fenómeno migratorio es interpretado como un problema por una parte de la población, que percibe amenazas de diferente naturaleza, y con esperanza por otra, que lo aprecia como una posible solución a la crisis demográfica que provoca el descenso de los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida. El conflicto entre ambas formas de entenderlo constituye un importante foco de tensión política en España y la más preocupante de las amenazas sobre los pilares políticos y éticos que sostienen el proyecto de Unión Europea.

Tras la crisis migratoria de 2015 se acentuaron en la UE las prácticas de externalización del control de fronteras. El Fondo de Asilo, Migración e Integración para el periodo 2014-2020 se dotó con 3.100 millones y se elevó hasta 9.900 para 2021-2027, mientras que el acuerdo con Turquía de 2016 contemplaba ayudas por 6.000 millones. El objetivo teórico es mejorar las condiciones de vida en los países de origen con fines disuasorios, pero el resultado es, por un lado, decepcionante por ineficaz, dado que las llegadas continúan aumentando y, por otro, denigrante debido a la proliferación de prácticas tan vejatorias y violentas, que terminan aumentando el incentivo a los predispuestos al viaje.

Italia acaba de firmar con Albania un acuerdo para acoger en este país hasta 3.000 inmigrantes, mientras se tramitan las solicitudes de asilo. Las ideologías más intransigentes con la inmigración ven con buenos ojos las prácticas de control externalizado, pero desde la Comisión se denuncia el conflicto que plantean con los valores que inspiran a la Unión. La respuesta italiana es simple: están cansados de esperar las ayudas que se prometen, pero que nunca llegan.