De nuevo la desigualdad

En tribunas anteriores nos comprometimos a revisar periódicamente aspectos de la desigualdad. En La desigualdad y el órdago catalán (3/8/23) rememoramos a Yousafzai para concluir que quien no tiene voz no existe y está condenado a la resignación. También se advertía de que diferentes instituciones (Caixa, Foessa, Alternativas, …) aprecian un aumento de la desigualdad en los últimos años. Intuimos que los privilegios fiscales y políticos a las comunidades más prósperas ayudan a entender lo ocurrido y que Andalucía se sienta como una de las perjudicadas.

Los ricos pagan más impuestos que los pobres y estos reciben más transferencias del Estado. Es la síntesis de la política redistributiva que realizan los gobiernos a través de los impuestos y el gasto público. Precisemos que si de la renta bruta de los hogares se deducen los impuestos pagados y se añaden las transferencias recibidas del Estado, el resultado es la renta disponible de los hogares. La diferencia entre ambas es el resultado de las políticas redistributivas, cuyo objetivo es reducir la desigualdad.

Además de su dimensión social, la desigualdad tiene lógicas connotaciones políticas y económicas. Las primeras, como pilar del Estado del bienestar, cuyo objetivo es la garantía de servicios básicos a la población. Para la economía, la controversia en torno a los posibles efectos negativos en el crecimiento de las políticas redistributivas parece definitivamente liquidada, tras la crisis financiera internacional. La desigualdad genera fragilidad en el crecimiento, mientras que se acumulan las evidencias sobre la relación entre su reducción y la rapidez y duración del crecimiento (Ostry y Berg en FMI, 2014).

La diferencia entre renta bruta de los hogares (RBH) y renta disponible de los mismos (RBDH) permite apreciar el efecto de la política redistributiva. En 2020, el último dato publicado, la primera ascendió a 789.000 millones de euros y la RBDH a 749.000. Indica que los hogares aportaron al Estado más de lo que percibieron, pero si se ajusta el dato con las denominadas transferencias sociales en especie (161.000 millones de euros en 2020, en su mayor parte en educación y sanidad), el resultado es la renta disponible bruta ajustada de los hogares, que ascendió a 910.000 millones de euros. La diferencia, 121.000, es renta generada en otros sectores redistribuida hacia los hogares, que es el grueso de la lucha contra la desigualdad.

En lo que va de siglo, la potencia redistributiva de la política económica atravesó por tres etapas bien diferenciadas. Hasta la crisis de 2008, la diferencia entre la renta bruta de los hogares y la disponible ajustada osciló en torno a un modesto 3%, pero se incrementó por encima del 10% en los años posteriores a la crisis, hasta llegar a 2020, cuando la pandemia obligó a elevar todavía más el gasto social, llevando la potencia redistributiva hasta el 15,3% de la renta bruta de los hogares. Andalucía tendría que haber estado, por su nivel relativo de renta por habitante, entre las comunidades más beneficiadas de la redistribución, pero la realidad ha sido bien distinta, como intentaremos mostrar en la tribuna de la semana que viene.