El turno de la vivienda

El principal problema que tienen los españoles es, según el CIS, todo lo que tiene que ver con la política, el Gobierno y los partidos políticos. El segundo es la vivienda. Se presentó por sorpresa en el podio de las preocupaciones en el barómetro de junio y desapareció en las siguientes oleadas, pero volvió a aparecer en la de octubre y desde entonces se mantiene en lo más alto del ranking. La reacción no se ha hecho esperar y cuando uno de los grandes partidos anunciaba su disposición a meterse en el charco, el otro no ha tardado en seguirle.

Bienvenidas las propuestas, tanto en sus coincidencias como en sus desavenencias, siempre que no queden en requiebros electoralistas, como las previas a los comicios de julio de 2023. Los diagnósticos coinciden en su elemento central, la insuficiencia de la oferta como causa fundamental del problema, y en el terreno dónde intervenir, aunque con discrepancias en las formas.

Están de acuerdo en la necesidad de resolver la inseguridad jurídica y la indisponibilidad de suelo, pero mientras que los populares proponen un sistema público de seguros y de asistencia jurídica como garantía frente a la ocupación, así como sacar suelo público al mercado, los socialistas apuestan por garantías públicas para la resolución de conflictos por impago y la intervención en el mercado del suelo y de la vivienda mediante empresa pública ad hoc. También coinciden en proponer ayudas fiscales y financieras que faciliten el acceso a la vivienda, aunque esta medida puede tener consecuencias perversas, si previamente no se resuelve la insuficiencia de la oferta.

El problema es que la oferta de vivienda no solo es insuficiente, sino también muy rígida, lo que significa que no reacciona ante un aumento en la demanda y que se limita a subir precios con la finalidad de expulsar del mercado a la parte que le sobra. Se trata, además, de una rigidez que es reflejo de la existente en el mercado del suelo, lo que implica que mientras no se resuelvan ambos problemas, cualquier estímulo a la demanda puede agravar la situación, en la medida en que añada tensión a un mercado acostumbrado a resolver sus conflictos con subidas de precio.

Las discrepancias no disimulan el trasfondo político. En el caso del PSOE se enfatiza en el mercado de los alquileres incentivando la limitación de precios al índice de referencia del Gobierno y apuntando a la vivienda turística como mercado paralelo al que se ha desplazado una parte importante de los arrendadores, no solo por motivos de rentabilidad, sino también de inseguridad. El PP, por su parte, propone tres iniciativas de alcance de corte liberal y de reforzamiento del derecho de propiedad. Agilizar la desocupación, aligerar trámites y burocracia, incluyendo modificar la Ley del Suelo, y derogar la Ley de Vivienda, de nefastas consecuencias para las clases más populares en el mercado del alquiler por la sobreprotección que ofrece al arrendatario. El dato del Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler, el que utiliza el INE para el IPC, es contundente. El precio estuvo cayendo durante 2020 y hasta noviembre de 2021, cuando se conoció el texto de la ley que se aprobaría en febrero del año siguiente.