Ahorrar en medicinas

EL Gobierno, que había recurrido ante el Tribunal Constitucional las iniciativas de cuatro comunidades autónomas para reducir la factura de sus sistemas sanitarios públicos en farmacia (la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía, el catálogo gallego y el euro por receta de Cataluña y Madrid), parece haber encontrado otra fórmula más expeditiva para conseguir el mismo objetivo de ahorro.

Consiste en hacer uso de la mayoría absoluta de la que disfruta en el Congreso y el Senado para modificar la ley del medicamento acaparando la competencia exclusiva para aprobar medidas tendentes al ahorro farmacéutico. Se basará para ello en el derecho de los ciudadanos a acceder a los fármacos en condiciones de igualdad en todo el sistema nacional de salud.

Nada más lógico, aparentemente. Siempre será más rentable para el interés público si el Gobierno de la nación negocia con los laboratorios y distribuidoras de fármacos unos contratos de compra ventajosos que abaraten las medicinas para todos los usuarios que si lo hace cada comunidad autónoma por su cuenta y sólo para sus habitantes. Es simple: a más fuerza de la demanda, menor precio de los ofertantes. De modo que en cuanto el PP saque adelante sus anunciadas enmiendas a la ley será el Ministerio de Sanidad el que adopte las medidas de racionalización de la factura farmacéutica a aplicar en todo el territorio nacional. Así habrá homogeneidad en el acceso y los precios de los productos sanitarios. Mercado único, sin taifas que hagan la guerra por su cuenta.

Cabe preguntarse, pues, por qué un planteamiento tan racional no es compartido por algunas comunidades autónomas, como Andalucía, directamente afectadas por el celo centralizador del Gobierno. Será, en parte, porque el Ejecutivo le ha paralizado ya tres veces las subastas de medicamentos que iban a suponer un ahorro sustancioso a las arcas públicas andaluzas -vamos, a los contribuyentes- y por la confrontación entre Madrid y Sevilla, casi un clásico en la política española. Pero también debe ser por la desconfianza que existe sobre las auténticas intenciones de una ministra como Ana Mato.

¿Puede dar garantías la ministra de que va a usar su nueva competencia exclusiva para lograr un ahorro extensible a todos los españoles y no para todo lo contrario, para favorecer a la otra parte? ¿Y por qué no lo ha hecho ya y lo ofrece a las comunidades?