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EL pasado fin de semana el grupo Joly ha publicado su barómetro de otoño-2010 para Andalucía. Una de las primeras conclusiones relevantes es que la hegemonía política y social del Partido Socialista en Andalucía está en serio peligro electoral, con un auge importante del Partido Popular, rozando la mayoría absoluta, y leves descensos del Izquierda Unida y del Partido Andalucista respecto al anterior, publicado en el verano de 2009.
En el estudio del grupo Joly se recogen también los principales problemas que identifica la sociedad andaluza. El desempleo se sitúa como principal problema de nuestra tierra (86,1%), seguido de la situación de crisis económica (19,3%), los políticos (12,5%), la inseguridad ciudadana (6,4%), la educación (5,6%), la inmigración (4%), la vivienda (4%), o el Gobierno Andaluz (3,4%), entre otros. Llaman la atención que políticos y Gobierno de Andalucía sean proclamados como problemas, cuando son los obligados a resolver las problemáticas que afectan diariamente a los andaluces.
Otra conclusión importante recogida en el mencionado documento es la escasa confianza que recibe la institución clave de representación democrática en nuestra tierra, el Parlamento de Andalucía, la sede la soberanía popular andaluza. El 56,2% de los andaluces tienen una confianza baja o muy baja en el funcionamiento de la cámara parlamentaria andaluza. La confianza es aún menor en el Gobierno de Andalucía (el 61,8% no confía en su funcionamiento o eficacia). La Política y la Administración, pues, vuelven a aparecer como problema ciudadano, lo cual es un dato desde el punto de vista democrático y constitucional bastante negativo. Ante estos recientes datos sociológicos, volvemos a insistir en impulsar medidas de reactivación de la calidad democrática, pues, tras los diagnósticos, lo importante es empezar a poner en marcha medidas para superar estas desconfianzas sociales en el sistema democrático y de gobierno.
El pueblo andaluz debe ser llamado a las urnas en solitario (al igual que Cataluña, Euskadi o Galicia) para ejercer su soberanía de forma independiente, para que podamos elegir a nuestros representantes sin ser interferido por debates políticos nacionales, locales o europeos. Además, en Andalucía no tendríamos que resignarnos a un esquema tan simple de representación democrática institucional a tres bandas, pues la ciudadanía andaluza es mucho más participativa y variada, y esto ha de reflejarse también en los espacios políticos. Para este estratégico objetivo democrático, son necesarios innovadores espacios de pensamiento y de acción de carácter político.
Por otro lado, en nuestra tierra se debe asumir que tenemos un grave problema de desarrollo económico: que sufrimos de manera severa el paro y las consecuencias más desastrosas de la crisis de un modelo andaluz basado hasta ahora casi exclusivamente en el sector de la construcción. Hemos de cambiar el modelo de crecimiento, poniendo en valor los valores medioambientales de Andalucía, como uno de nuestros elementos diferenciadores, y como uno de los contenidos esenciales y limitadores de nuestro modelo de desarrollo económico territorial.
Desde el punto de vista de la pedagogía democrática, debemos trabajar por una ciudadanía andaluza más formada y más consciente de nuestras propias posibilidades de desarrollo, más comprometida con el desarrollo democrático profundo de nuestro sistema institucional, más exigentes con el ejercicio de las altas responsabilidades de nuestros representantes.
Otro elemento importante para el avance de Andalucía es la potenciación el poder local, más competencias y recursos para nuestros Ayuntamientos, y menos poder centralizado en las instituciones autonómicas. La razón es clara: es la administración más cercana al ciudadano y la que atiende en primera instancia cada vez más problemas. Ya ha sido aprobada en el Parlamento de Andalucía la importante Ley 5/2010 de Autonomía Local para Andalucía, que ha de significar un gran avance en la construcción de la democracia local en Andalucía.
Por último, desde el punto de vista del ejercicio legítimo del poder soberano, Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada, con el 18% del total de la población del conjunto del Estado, razón objetiva para ser determinante también en la definición de las grandes políticas de Estado. Es también la Comunidad Autónoma que aporta más representantes en la conformación de la soberanía nacional. Nuestros 61 diputados nacionales (exclusivamente de los dos partidos mayoritarios) debieran hablar más de Andalucía en Madrid, para procurar el avance real de nuestra tierra, para situar a Andalucía en la agenda del Estado
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