Intrusos a la sombra del poder

EL consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, compareció ayer en el Parlamento, a petición propia, para informar del resultado de sus investigaciones sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo financiados con fondos públicos en los últimos diez años. Los datos contradicen abiertamente la primera estrategia de defensa elaborada por el Gobierno andaluz: no son cuatro o cinco los intrusos, es decir, las personas del entorno político o familiar de los socialistas que han recibido subvenciones destinadas a trabajadores de empresas en crisis sin tener relación alguna con las empresas primadas. Según el consejero, son 59 los beneficiarios indebidos de las prejubilaciones, y acerca de otros 87 existen dudas de carácter administrativo, ya que sí están vinculados a las empresas, pero no está claro que cumplan los requisitos exigidos para tener derecho a las prestaciones que efectivamente recibieron. Hay que tener en cuenta que los funcionarios de Empleo han encontrado irregularidades en la mitad de las empresas investigadas y aún quedan cuatro por analizar, de manera que el número de irregularidades puede aún aumentar. La segunda noticia surgida de la comparecencia del consejero, que está dirigiendo una positiva labor de depuración bajo la tutela de la juez que investiga el escándalo, ha sido el anuncio de que la Junta va a cambiar la normativa que rige la concesión de estas ayudas a empresas en crisis a fin de que en el futuro se tramiten de forma reglada en base a principios como la transparencia, publicidad, objetividad e igualdad, entre otros. Se trata, pues, del reconocimiento expreso de que la normativa hasta ahora aplicada no es la correcta. Eso es lo que ha hecho posible, junto a la codicia y el clientelismo, la reiteración de estos casos durante tanto tiempo. Lo lamentable es que el Gobierno andaluz ya sabía, desde 2005, que la concesión de las ayudas que tramitaba su Dirección General de Trabajo prescindía de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido. Lo dictaminó, con estas mismas palabras, la Intervención General de la propia Junta.