Irresponsables

SI uno lee sobre los dos últimos años de la II República, los que precedieron a la guerra civil, lo más llamativo es la irresponsabilidad absoluta con que se comportaron la mayoría de líderes políticos (de uno y de otro signo, de derechas y de izquierdas). Porque llegó un momento, a partir de 1934, en que todos hicieron lo posible para impedir los acuerdos con los que ellos consideraban sus adversarios irreconciliables. Y ya nadie cedió en nada ni rebajó sus exigencias. Y al mismo tiempo que ocurría esto, todo el mundo exigía que se atendieran sus reclamaciones y se olvidaran las de los demás.

"Yo quiero ser presidente de la República", decía uno, y otro reclamaba una estatua para el Sagrado Corazón de Jesús, y otro exigía ser nombrado ministro de Marina, y otro convocaba una huelga general, y otro clamaba para que las mujeres perdieran el derecho al voto que se les acababa de conceder, y otro incitaba a quemar los Juzgados porque la justicia era una farsa burguesa, y otro rezaba para preservar la cristiandad de España, y otro reclamaba la reforma agraria para los jornaleros sin tierra, y otro gritaba a favor de la revolución proletaria, y otro a favor de la beatificación del padre Claret. Y todo esto ocurría en un país que vivía una gravísima crisis económica y en el que un gran porcentaje de la población era analfabeta y subsistía por debajo de los límites de la pobreza.

Por suerte no vivimos un momento tan dramático como aquél, ni existe ningún paralelismo entre el periodo que vivimos ahora y el que precedió a la guerra civil. Eso es innegable. Pero lo que sí estamos viviendo es un desmoronamiento paulatino del modelo de sociedad que hemos conocido en estos últimos cuarenta años. Todos los beneficios sociales que creíamos intocables -la educación gratuita, la sanidad pública, las pensiones de jubilación o la prestación de desempleo- están en peligro y no sabemos si seguirán siendo posibles dentro de diez o quince años. Y cualquier trabajador del sector privado sabe lo difícil que le resulta conservar su empleo. No he hablado con nadie que no esté convencido del empeoramiento de sus condiciones laborales. Y no he hablado con nadie que no se muestre pesimista sobre su futuro.

Por eso resulta tan grave que algunos sindicalistas aparezcan implicados en los fraudes de las jubilaciones de los ERE y de los cursos de formación de empleo. Si hay indicios claros de que los sindicatos, que deberían ser los primeros interesados en el mantenimiento del Estado del Bienestar, han actuado con un alto grado de irresponsabilidad y desvergüenza en estos dos casos, es muy posible que nuestro Estado del Bienestar tenga los cimientos carcomidos y los días contados. Por desgracia para todos.