Loable iniciativa (procesal)

ADEMÁS de… "las calores", altísimas ellas, que nos deparó, la semana que concluye registra acontecimientos que, a buen seguro, no han de pasar desapercibidos a la fina apreciación de quienes nos honran con la lectura de los espacios que conforman este periódico, el Día de Córdoba.

Por ejemplo: El partido de fútbol en el que el Córdoba Club de Fútbol superó al Girona (2-1) constituye un acontecimiento que preocupaba los seguidores de nuestro equipo. ¡Enhorabuena por los resultados! Que siga la buena racha y podemos celebrar lo que todos deseamos: El ascenso a Primera. Es lo que procede. Y el equipo se lo merece.

Aparte del acontecimiento futbolero, llamó la atención de Las Tendillas una noticia que, el pasado miércoles, publicó este medio con la firma del prestigioso periodista F. J. Cantador con el siguiente titular: "La Fiscalía y los abogados impulsan la mediación para aliviar los Juzgados".

Refiere el periodista la firma de un protocolo que suscribieron, por una parte, don Juan Calvo-Rubio, Fiscal Jefe Provincial. Por otra, don José Luis Garrido como Decano del Muy Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Córdoba. Como testigo -siempre a tenor de la publicación de referencia- también firmó el susodicho "protocolo de conformidad" don Francisco de Paula Zamorano, Presidente de la Audiencia Provincial.

En el decir del señor Presidente, "… bienvenido sea todo aquello que alivie a los tribunales de la carga de trabajo que tienen, con tanto pleito".

Obviamente, la intencionalidad del susodicho "protocolo" nos parece digna de toda loa. Por varias razones. "Si pueden evitarse los costes que supone todo el aparato judicial…" -como sostiene el Presidente- sería motivo más que justificativo de la medida mediadora que se pretende poner en práctica.

Mas, a juicio de Las Tendillas, existen, con frecuencia, otras razones, otros… "costes" de difícil cuantificación. Por ejemplo: No descubrimos la pólvora si afirmamos que la iniciación de un procedimiento penal es causa, a veces, de patologías que pueden suponer "costes" no menos importantes que los estrictamente judiciales.

En todo caso, son de agradecer los buenos propósitos que informan la suscripción del susodicho protocolo y es de desear que produzca los resultados esperados. Aunque -somos conscientes de ello- tampoco se pueden esperar milagros porque el legislador no se muestra precisamente flexible cuando de perseguir delitos se trata.