Mandato y referéndum

AHORA que se critica todo, y todo, o casi todo, con razón, no voy a criticar el encuentro entre los líderes sindicales y el Rey. Independientemente de que sea una iniciativa de la Casa Real, justo el mismo día en que aparece en Castelldefels, en la Cueva del Rinoceronte, los restos de un elefante infantil con más de 100.000 años de antigüedad, el caso es que, hasta ahora, con maquillaje o sin él, el Rey parece hacer mucho más caso a los interlocutores sociales que el Gobierno, lo que tampoco es nuevo.

Quizá ahora más que nunca, cuando desde diversos sectores se ha tratado de demonizarlos, culpando a los sindicatos de todos los males laborales de manera tangente y subrepticia, en un esfuerzo por desprestigiarlos -como si fuera posible, hoy, una sociedad civil sin sindicatos-, este gesto del Rey, el mismo día que se descubre un elefante más antiguo aún que el mamut lanudo, puede dar la clave de un respeto a las relaciones democráticas internas, a las negociaciones, la escucha de un acuerdo.

Tanto Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, como Cándido Méndez, de UGT, han manifestado al Rey la necesidad de que se convoque un referéndum sobre la aceptación, o no, por parte de la ciudadanía, de las medidas económicas y sociales impuestas por el Ejecutivo, debido a dos razones principales: la primera, "el daño que la política de recortes económicos y sociales del Gobierno está provocando", además de "la creciente crisis social y democrática". Pero la segunda, que tiene todavía más peso específico, al menos en su razón jurídica, es que las políticas económicas del Gobierno son "radicalmente diferentes a las planteadas en las últimas elecciones generales".

Aquí se encuentra, a mi modo de ver, un planteamiento nuevo en nuestro sistema de representación política, sustentado en los cimientos más básicos ni siquiera del Derecho constitucional, sino del Código Civil: el incumplimiento de un contrato. Así, no es únicamente que estemos ante "medidas y actuaciones que están condicionando y transformando de manera radical, y en ocasiones dramáticas, la vida de muchas personas y el futuro del conjunto de la población"; es que muchas de estas medidas son exactamente las contrarias de las que había prometido el entonces líder de la oposición.

Mariano Rajoy dice siempre que él tiene "un mandato de los ciudadanos", y es verdad. Sin embargo, nadie ha dicho que el mandato sea incondicionado. Los ciudadanos, ante el incumplimiento de las cláusulas expresadas en dicho contrato, ¿hemos de estar periódicamente indefensos? El mandato de representación, al no ser por designación divina, en un contrato de gestión sobre un acuerdo previo. No se trata de utopismos, sino de lógica jurídica: si el mandatario hace lo contrario a lo pactado, habrá que establecer mecanismos garantistas para revocar ese mandato, sin tener que esperar cuatro años más.