Anboto e Iragi: legal y repugnante

Todo legal. La Audiencia Nacional archiva la causa contra la terrorista etarra Soledad Iparraguirre Anboto, que fue jefa de la banda, por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, considerando que los hechos están prescritos. Los magistrados han estimado el recurso de la defensa de la terrorista, apoyado por la Fiscalía, en el que consideraba que desde que se cometió el delito, el 13 de julio de 1997, hasta que se interpuso la querella contra la miembro de ETA, el 6 de febrero de 2022, se había superado el plazo de prescripción de 20 años.

Todo legal. En la primera medida de gracia para un condenado de ETA desde que el Partido Socialista ha asumido la Consejería de Justicia, el Gobierno vasco ha concedido el Tercer Grado –por lo que podría disfrutar de un régimen de semilibertad– al terrorista etarra Harriet Iragi tras cumplir 24 de los 128 años a los que fue condenado por los tres asesinatos cometidos en Andalucía –Málaga, Granada y Sevilla– en el año 2000: los del concejal del PP de Málaga, José Martín Carpena, el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y el doctor y militar Antonio Muñoz Cariñanos.

Todo legal, por supuesto. Solo faltaría. Pero no siempre la legalidad de los actos impide que sintamos repugnancia ante ellos. La muerte tiene la impertinente manía de ser irreparable en esta tierra, que es lo que compete a la justicia humana: se muere de una vez y para siempre. No cabe reparación. Por eso determinados asesinatos especialmente crueles deben ser y son castigados, no con la pena de muerte que nos igualaría con los asesinos, pero sí con la cadena perpetua que, en España, en la versión atenuada de prisión permanente revisable, puede aplicarse desde 2015 gracias al PP y, hay que recordarlo, han pretendido derogar el PSOE y con él todos los partidos entonces en la oposición, afortunadamente sin lograrlo. También el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal se sumó en 2018 a quienes piden su derogación con un documento tan rebosante de buenas intenciones como falto de sentido de la realidad: “Creemos en la superación de la persona, creemos en la capacidad de transformación, y creemos en la esperanza”. Yo también. Pero no en las de todas las personas, manifiesten o no arrepentimiento (lo que, por otra parte, de poco sirve a su víctima) y sea cual sea la naturaleza de su crimen.