Un castillo de arena

Ahora que el Tribunal Constitucional ha desmontado el caso de los ERE tal y como lo había sentenciado el Tribunal Supremo, debería llegar el momento de que tanto socialistas como populares serenaran los ánimos y demostraran, por una vez, sentido de la medida y, de paso, desarrollaran la capacidad de no mirarlo todo con las gafas del sectarismo. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero el Constitucional ha establecido una lectura que tiene, al menos, la misma solidez jurídica que las sentencias condenatorias. Y convendría no olvidar que en un Estado de Derecho los pronunciamientos de los tribunales se acatan y se respetan, independientemente de los gustos de cada uno y de sus intereses políticos.

Eso es lo que no está pasando. El PP no sabe ocultar su quizás justificado cabreo porque ha visto que la causa general contra los socialistas en la Junta se ha desmoronado como un castillo de arena. Siguen, porque así lo manda el argumentario de los fontaneros de la calle Génova, con la matraca del mayor caso de corrupción de la historia de España y con los setecientos millones robados a los parados que ellos ya no van a poder recuperar. Pero están sacando los pies del plato. En el Palacio de San Telmo se ha escuchado al consejero portavoz decir en comparecencia oficial que el Constitucional es el “brazo político” de la Moncloa. Una pasada para un cargo oficial que se supone respeta las bases del Estado democrático.

Todavía peor lo están haciendo los socialistas. Es lógico que ahora se reivindiquen en lo personal los que han estado en la cárcel o su propio partido convirtió en proscritos sociales. Pero si tuvieran un mínimo de sentido político deberían de evitar el espectáculo grotesco de reivindicar como glorioso un periodo sobre el que deberían de echar paletadas de olvido. Cierto que el Constitucional ha establecido que no hubo conspiración general del Gobierno andaluz para cometer un fraude. Pero fraude hubo. Lo ha mantenido siempre el ex presidente José Antonio Griñán, que motivos tiene para saber de lo que habla, y no lo desmienten en absoluto las sentencias del Constitucional. Cualquiera que se haya estudiado un poco el caso sabe que la Consejería de Empleo urdió un sistema de reparto de ayudas que obviaba cualquier tipo de control administrativo y que se aprovechó de ello para cometer todo tipo de desmanes, desde los intrusos hasta la compra de cocaína. Y eso va a quedar ya escrito para siempre, negro sobre blanco, en la historia de Andalucía.