El colapso de las farmacias

LA aplicación del nuevo sistema de dispensación de medicamentos implantado como consecuencia de la política de ajustes que marca la acción del Gobierno central está colapsando las farmacias de Andalucía y provocando que muchos ciudadanos no puedan obtener en tiempo y forma sus medicamentos. El problema reside en los fallos del complejo mecanismo informático que tiene que casar los datos fiscales de los enfermos con los servidores del SAS para poder aplicar a cada demandante las condiciones concretas de pago correspondientes. Aunque los farmacéuticos, cuyo principal interés es asegurarse el cobro de los medicamentos, disponen de un sistema alternativo para paliar el problema, parece evidente que este proceso no cuenta con el periodo de rodaje que sería necesario. Algo que perjudica por igual a los enfermos y a los boticarios, al tiempo que erosiona la imagen del Gobierno. Los fallos en la dispensación, además, no son episodios aislados, sino habituales, puesto que se han repetido durante varias semanas con las consiguientes molestias para los ciudadanos, que además de tener que pagar ahora por determinados medicamentos sufren trabas de acceso a los mismos en muchas farmacias. Urge que los técnicos de las administraciones responsables tomen cartas en el asunto, ya que si es cuestionable el sistema de copago que el Ejecutivo de Rajoy implantó por decreto -se podían haber abordado otros muchos recortes en el gasto antes de tocar las políticas asistenciales, de las cuales la sanidad es la más importante- lo que resulta inaudito es que, pagando más, la dispensación funcione peor que antes. En política no basta con legislar para arreglar un problema, sino que deben ponerse los medios suficientes para que lo decidido se convierta en realidad con el menor perjuicio posible. El afán por reducir el gasto ha primado mucho más que la eficacia. Había que haber habilitado un periodo suficiente de prueba antes de la aplicación del copago farmacéutico. Los recortes, siendo duros, sin calidad en los servicios públicos resultan imperdonables.