El poderío del ciudadano particular

Que el Ciudadano Particular se puso las botas con el negocio de las mascarillas, es un hecho del que no cabe duda. Un pelotazo que daba lugar a pagar 350.000 euros a la Hacienda Pública en los ejercicios ficales de 2020 y 2021. El buen hombre hizo algunos trapicheos falsificando facturas, según ha confesado, para aliviar la cantidad correspondiente. El presunto fraude fue descubierto y dio lugar a la apertura de un proceso judicial. Según dicen, tales sucesos se produjeron antes de ligarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero cuando fueron descubiertos, ambos sujetos ya formaban pareja. El Ciudadano Particular reconoció sus maniobras relacionadas con Hacienda e intentó regular la situación, pagando una pasta, para librarse del talego. Como ya gozaba del amparo de su ilustre pareja, Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de Díaz Ayuso, dijo que fue el fiscal de la causa, quien trató de llegar a un acuerdo con el Ciudadano Particular, y empezó el lío. Varios medios de comunicación difundieron la noticia del presunto fraude. El fiscal General del Estado hizo referencia a los hechos para desmentir el bulo difundido por MAR, y se ha metido en un berenjenal con la justicia, siendo imputado por revelación de secretos, a partir de una querella del Ciudadano Particular. Y cualquiera que se atreva a calificar de fraude las gestiones del Ciudadano Particular para evadir impuestos, se expone a ser demandado, cuyas consecuencias son imprevisibles. Por decir que el Ciudadano Particular había cometido “dos graves faltas” con Hacienda Pública, el Supremo admitió a trámite una demanda contra la ministra María Jesús Montero por intromisión al honor. El presidente del Gobierno tuvo el atrevimiento de llamar “delincuente confeso” al Ciudadano Particular y ya tiene cita del juzgado para un acto de conciliación en febrero. Por registrar ante notario cómo le llegó un correo relacionado con el Ciudadano Particular, a Juan Lobato le ha costado el puesto de secretario general del PSOE en Madrid. Y los periodistas que tocan el tema, se la juegan. Xavier Fortes y RTVE han sido demandados por llamar estafador confeso al Ciudadano Particular y el abogado del Ciudadano Particular que comparte un ático, y lo que corresponda, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando intervenir las comunicaciones de seis periodistas con el fiscal General. Eso se llama tener poderío.