Las sentencias se acatan, nos gusten o no

Sabemos que la Justicia no es ciega. No somos ilusos. Pero tras bloquear la renovación del Poder Judicial tantos años, es hora de que nuestros dirigentes dejen a los jueces en paz. Después de que el Supremo ratificara, con tres votos a favor y dos en contra, la sentencia de la Audiencia de Sevilla que envió a la cúpula socialista de la Junta a prisión por el caso de los ERE, la inmensa mayoría acató y nadie discutió lo ajustado del resultado. Ni siquiera en el seno del PSOE se tuvo piedad con los condenados, a los que previamente se les pidió el acta con una soberbia frialdad en un gesto de cara a la galería. Caiga quien caiga. Así rezaba el catecismo del PSOE andaluz de entonces y los socialistas en activo no se atrevieron ni a pedir el indulto de Griñán.

Pedro Sánchez tampoco movió un dedo, pero casualmente cambió de opinión cuando la Justicia señaló a su esfera más íntima. Acompañado de su esposa en un mitin, el presidente eligió Málaga para denunciar que Magdalena Álvarez “también ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante años”. Es curioso porque unas pocas horas más tarde el Constitucional anularía la condena de la ex ministra. Está claro que a Sánchez olfato no le falta ni tampoco información, porque en diez años no había dedicado un triste gesto de empatía a sus compañeros acusados. Por tanto, conviene gastar cuidado porque igual que el presidente del Gobierno quedó retratado con su puntito de descaro, los dirigentes del PP pueden caer en el mismo error al desconfiar de la imparcialidad del tribunal de garantías con la misma determinación con la que ponen la mano en el fuego por el Supremo. Lo único que van a conseguir entre unos y otros es convencer a la ciudadanía de que los jueces, todos, están politizados. Y no conviene jugar con la Justicia. Aceptar que el Constitucional actúa ahora al dictado del PSOE por la afinidad política de su mayoría progresista, sería como admitir que el Supremo se atiene a las directrices del PP por su mayoría conservadora. ¿Verdad que no? Las conexiones de algunos magistrados con los partidos no admiten discusión. Pero así ha sido siempre. ¿O acaso ni uno solo de nuestros jueces más ilustres han colaborado con la administración popular?

Nadie duda de que se malversaron en la Consejería de Empleo decenas de millones, de que el caso de los ERE ha sido el más grave perpetrado en la Junta; de que se gastó el dinero en regalos, en comisiones indecentes y en decenas de intrusos. Pero la Justicia ha dictado que el sistema de las ayudas, que aprobó el Parlamento, era legal. Y en todo caso, si en el PP están tan convencidos de que los ex altos cargos son tan culpables y están tan dispuestos a recuperar cada céntimo de los 680 millones que se repartieron entre seis mil trabajadores, ¿por qué ha seguido pagando religiosamente la Junta estos últimos años? Las sentencias se acatan, nos gusten o no.