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Ignacio F. Garmendia
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La esquina
No han esperado ni a encontrar a los desaparecidos. No han respetado el duelo familiar por las más de doscientas víctimas mortales ni el quebranto de ochocientos mil damnificados, más confortados por el trabajo incansable de militares, policías y guardias civiles, bomberos y funcionarios y por la formidable oleada de solidaridad y ayuda de toda España que por la acción y las promesas de las autoridades responsables.
Mejor dicho, irresponsables en algunos casos notorios. El primer encuentro sobre el desastre entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat valenciana fue un espejismo: Sánchez y Mazón se dieron las gracias y simularon un compromiso de unidad y cooperación. Mientras preparaban sus estrategias con dos objetivos compartidos. Uno, ocultar, cada cual, sus errores. Otro, amplificar los ajenos. Las van desarrollando –las estrategias– al pie de la letra.
Lo cierto es que Carlos Mazón ya tendría que haber dimitido por negligencia e incompetencia ante el desastre más grave sufrido por su comunidad en casi setenta años (la mediocridad no computa necesariamente a efectos de dimisión). El martes fatídico, mientras se gestaba la catástrofe, ni cambió su agenda para presidir el comité de emergencia, al que llegó dos horas tarde. ¿Qué comida de trabajo, si es que era de trabajo, puede tener prioridad sobre la prevención de la peor gota fría del siglo? Tenía de consejera de Interior a una señora que no supo hasta la tarde de autos que la Generalitat podía dar la alerta a los móviles mediante una aplicación que funciona desde 2022. Desvió la atención hacia los meteorólogos y los expertos de la confederación del Júcar, que de hecho le habían advertido reiteradamente de lo que estaba pasando.
Más taimado, cómo no, estuvo Pedro Sánchez. El hombre que, por su interés particular, ha agredido a casi todas las autonomías regalando una financiación singular a una de ellas, sufrió un repentino ataque de respeto a la autonomía de la Comunidad Valenciana: si necesitan ayuda, que la pidan. Como si un bombero no entrara en la casa incendiada por no invadir la propiedad del vecino en peligro. Por eso tardó tanto la UME y llegó a plazos. Después, el presidente aprobó un escudo social importante para las víctimas y mandó a sus ministros y palmeros a denunciar mil veces los fallos de Mazón y silenciar su propia desatención.
Escudo social que también persigue una función política: hay que meterlo en los Presupuestos del Estado... y aprobarlos.
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