Ha vuelto a pasar en Córdoba

No ganamos para sustos en esta Córdoba nuestra. Y no lo digo -que también- por los datos de la segunda ola, oleada o marejada del covid-19, que ha dejado a la capital como una de las ciudades andaluzas con la tasa más alta de positivos de coronavirus. En este caso, me refiero a lo acontecido con las obras de las consultas externas del Hospital Materno-Infantil del Reina Sofía, una actuación que se esperaba como agua de mayo, que se logró desbloquear y que se adjudicó a una empresa por casi ocho millones de euros.

Lógicamente, se trata de una de las inversiones más importantes que en materia sanitaria se va a realizar en estos años en la provincia, no solo por su cuantía, sino por la necesidad de adecuar el Hospital en el área de atención a madres y menores. La Consejería de Salud encargó en julio de 2019 esos trabajos a la unión temporal de empresas formada por la sociedades Acciona Construcción SA y Jiménez y Carmona SA (Jícar SA). Desde entonces, poco movimiento se ha visto por la zona, pero en cualquier caso sí se ha informado de alguna que otra visita institucional a la obra e incluso hace unas semanas el consejero del ramo, el cordobés Jesús Aguirre, habló de las inversiones de su departamento en Córdoba y citó en concreto la del Materno-Infantil.

Pues bien, como si de un déjà vu se tratara, resulta que la constructora de esas consultas externa ha salido corriendo, se ha largado, se ha ido. La versión oficial es que lo ha hecho por "discrepancias con el proyecto de ejecución del edificio y la forma de llevarlo a cabo, demandando la modificación del documento y el cese de las obras hasta la resolución del desacuerdo".

Lo verdaderamente preocupante es que no se trata de un caso aislado, sino de algo que se repite desde hace años en Córdoba cada vez que se plantea una obra de relevancia -sobre todo desde el punto de vista económico-. Por citar solo unos ejemplos, lo hemos visto con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, todavía sin terminar; con el Centro de Feria y Exposiciones del Parque Joyero, también pendiente; con la Biblioteca del Estado (los Patos), atascada hasta no se sabe cuándo; o con la Normal de Magisterio, ya reabierta después de un montón de vicisitudes y demoras.

Habrá quien piense que todo esto es fruto de la casualidad o del infortunio, pero cuesta aceptarlo a tenor del elevado número de casos en los que se repite el mismo patrón, en el que se presenta un presupuesto ajustado para una obra, se adjudica a la oferta más económica y luego la empresa decide dejarlo porque, casi siempre, reclama más dinero. Esta claro que la administración -sea cual sea y de cualquier color político- tiene un serio problema a la hora de aplicar la legislación vigente en materia de contratación y urge poner un remedio. En Córdoba ha vuelto a pasar. Ahora en el Reina Sofía. ¡Vale ya de tanto descaro!