Embarrar el terreno

El acuerdo que negocia la Junta de Andalucía con las organizaciones representativas de los trabajadores sanitarios para paliar las deficiencias de la Atención Primaria no puede estar sometido a estrategias y presiones políticas. La Consejería de Salud no tuvo la mejor de las ideas publicando la orden de tarificación que dio lugar a una falsa polémica sobre las supuestas intenciones del Gobierno andaluz de privatizar servicios sanitarios básicos. Tampoco fue un acierto llevar las protestas a las calles el pasado sábado en un claro intento de colocar los problemas de la sanidad en la agenda de la precampaña para las elecciones del 28 de mayo. Embarrar el terreno de juego en una negociación no es pertinente cuando de lo que se está hablando es de un tema en el que se juegan aspectos sustanciales de la calidad de vida de los ciudadanos y las bases mismas del Estado de bienestar. Tras la reunión del pasado miércoles, parece que las posturas se van acercando y que el presidente Juanma Moreno podrá cumplir su objetivo de dejar el acuerdo cerrado antes de que empiece la campaña para los comicios municipales. Inmediatamente después de la Semana Santa se reanudarán los contactos y existen fundadas esperanzas de que se podrá cerrar un acuerdo. El reto de mejorar la calidad asistencial de la Atención Primaria es uno de los más importantes que tiene planteados en esta legislatura el Gobierno andaluz. Las quejas de los usuarios por su calidad y de los profesionales por las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo son indicadores de que algo no funciona bien. Un acuerdo como el que ha planteado la Junta es un buen camino para la puesta en marcha de soluciones. Pero lo que no se puede permitir es que esta cuestión se convierta en un argumento de enfrentamiento político. Inevitablemente, la bronca perjudicaría la puesta en marcha de medidas efectivas para hacer frente a un problema que requiere soluciones que no pueden demorarse.