Fin del peaje de la AP-4, un acto de justicia histórica

Desde las 20:30 del martes, apenas tres horas y media antes de que entrara el año 2020, el peaje de Las Cabezas de San Juan de la AP-4 (la autopista que une Sevilla con Cádiz) pasó definitivamente a la historia tras 48 años de existencia. Se puso fin a una realidad que ha condicionado y encarecido muy especialmente el transporte de personas y mercancías en el Bajo Guadalquivir, un peaje que debería haber cesado definitivamente en 1993, pero que por decisiones políticas que incumbieron a los tres partidos que han gobernado en la democracia (UCD, PSOE y PP) se ha mantenido hasta la actualidad, con el consiguiente general perjuicio para viajeros y transportistas, pero especialmente para los gaditanos y sevillanos, que lógicamente son los que más usan esta infraestructura. Mientras se dedicaban ingentes cantidades de dinero público para rescatar las fracasadas radiales de Madrid, los andaluces nos veíamos obligados a seguir con el anacronismo de un peaje que, además de suponer un gasto extra para empresas y familias, generaba auténticos problemas de atascos en las fechas veraniegas. En total, han sido tres prórrogas las que han disfrutado las empresas explotadoras (Bética Autopista, Aumar y Abertis), sin que nunca se explicase muy bien por qué no se ejecutaba de una vez por todas el rescate de dicha infraestructura. Para aliviar en algo la situación, desde la Presidencia de Manuel Chaves, la Junta abonó directamente a la concesionaria el antiguo peaje de Jerez, algo que ha costado al conjunto de los andaluces 125 millones de euros. Mientras tanto, los habitantes de las localidades del Bajo Guadalquivir veían cómo el prometido desdoble de la N-IV, que transcurre en paralelo a la AP-4, era aplazado una y otra vez mientras que esta vía de comunicación recibía el siniestro nombre de la carretera de la muerte. El fin del peaje no sólo supondrá un ahorro para los usuarios (unos 62 millones al año), sino también un aumento de la seguridad de muchos andaluces que optaban por la N-IV por una cuestión económica.

A partir de ahora, del mantenimiento de esta importantísima vía de comunicación (cuyo tráfico, especialmente el de camiones, aumentará considerablemente) se encargará directamente la Administración central del Estado, para cuya tarea destinará este año unos 24 millones de euros. Ya sólo queda exigir que la AP-4 siga conservando la misma calidad del firme que en la actualidad. Liberalizar no puede ser sinónimo de degradación de una infraestructura pública.