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En los últimos días, los ciudadanos españoles, que nos creíamos vacunados de espanto ante los dislates de los líderes independentistas catalanes, hemos asistido a una nueva farsa en la que todo un presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha dedicado a desobedecer con cinismo y evidente mala fe a la Junta Electoral Central (JEC), cuya función es "garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral". Como se ha venido informando en este periódico, el presidente se ha negado con contumacia a ordenar la retirada de los lazos amarillos (símbolo con el que los independentistas piden la libertad de lo que llaman con evidente manipulación "presos políticos") de las dependencias de la autonomía catalana, quebrando de esta manera la obligada neutralidad que las administraciones deben tener siempre, y muy especialmente en periodo electoral, como bien se encargó de recordarle la JEC. No nos detendremos demasiado en el relato de los hechos: Torra, primero, desobedeció abiertamente a la JEC y luego, cuando el Defensor del Pueblo catalán lo dejó sin excusas, recurrió a la burda artimaña de tapar las pancartas de los lazos amarillos con otras prácticamente iguales, pero con los lazos de color blanco.
Con su actitud, el presidente-títere del huido de la Justicia Carles Puigdemont vuelve a demostrar el desprecio por las leyes, las normas del juego y la democracia. Hace tiempo que el nacionalismo catalán llegó a la conclusión de que las instituciones son de su propiedad y que, por tanto, no tienen que dar ninguna explicación a un órgano que consideran "extranjero", como la JEC. Por eso es importante que a estas provocaciones se les dé una respuesta serena, pero contundente. En este sentido, la Junta Electoral Central acertó cuando, después de haber demostrado una paciencia encomiable, decidió ayer por la tarde ordenar a la Policía Autonómica catalana retirar la simbología independentista de los edificios de la Generalitat, además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue si se ha cometido un delito de desobediencia e iniciar un expediente para multar a Torra por infracción electoral.
El independentismo ha vuelto a demostrar que pretende seguir con la farsa del procés y que cualquier diálogo con ellos es imposible. Hasta que personajes como Quim Torra no desaparezcan del panorama político seguiremos inmersos en una comedia cuyo único propósito es crispar al Estado para hacerle perder los nervios. Convendría no caer en la trampa.
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