Editorial
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El Gobierno andaluz pretende acabar con los aforamientos de los políticos en nuestra comunidad, aunque PP y Cs disienten del camino a seguir. Lo que ya parece claro es que no estamos ante una operación fácil, pues, entre otras cosas, se requieren cambios en cuatro artículos del Estatuto de Autonomía de Andalucía, algo que no se puede realizar sin el apoyo de dos tercios del Parlamento (73 diputados). Es decir, que PP y Cs necesitan, además de del ya garantizado de Vox, el apoyo de un cuarto partido que sólo puede ser el PSOE o Podemos-IU, algo sumamente difícil en el actual clima de crispación política.
Acabar con los aforamientos de los 114 políticos autonómicos andaluces que hay en la actualidad (el presidente de la Junta, sus consejeros y los diputados) es uno de los compromisos más antiguos de Cs. Es más, fue una de las exigencias de su antiguo pacto de legislatura con el PSOE, y su incumplimiento por parte del Gobierno de Susana Díaz fue la excusa esgrimida por la formación naranja para romper con los socialistas cuando las elecciones autonómicas estaban ya a la vuelta de la esquina. El empeño de Cs, ahora que forma parte por primera vez del Ejecutivo andaluz, es por tanto coherente. Al fin y al cabo, a una parte muy importante de los ciudadanos les cuesta comprender por qué los políticos tienen una serie de privilegios judiciales que suenan más a rancios beneficios corporativos que a democracia moderna.
Sin embargo, el fin de los aforamientos, siendo importante, debería ser una medida más en una plan más ambicioso y cuyo último fin debería ser la regeneración de la clase política, uno de los grandes retos que aún tienen pendientes las sociedades española y andaluza. Con la llegada de los llamados partidos de la nueva política, Podemos y Ciudadanos, muchos dieron por hecho que esta regeneración sería sólo cuestión de tiempo. No obstante, los tics de la vieja política volvieron a reproducirse rápidamente en estas formaciones. Para la verdadera reforma de la clase política hacen falta más cosas: aumentar la democracia interna de los partidos, avanzar hacia las listas electorales plenamente abiertas, elegir con mayor rigor y transparencia a los candidatos de la mismas, etcétera. Asimismo, la sociedad debe ser consciente de que, para atraer personas talentosas y éticas a la política, ésta debe estar mejor pagada y disfrutar de mayor prestigio social.
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