Editorial
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Los ministros de Energía de la Unión Europea han alcanzado esta semana un acuerdo para modificar el mercado eléctrico. La nueva posición, respaldada por todos los estados menos Hungría, permitirá ahora abrir la negociación entre el Consejo de la UE y la Eurocámara. El objetivo será cerrar antes de fin de año un documento definitivo que se traducirá en una directiva y un reglamento que deberán incorporar los Veintisiete, aunque su aplicación se demorará tres años para no perjudicar los contratos vigentes. En síntesis, la filosofía del pacto persigue que los precios de la electricidad dependan menos “de la volatilidad” de los costes de los combustibles fósiles; la protección a los consumidores ante las bruscas subidas de las tarifas, especialmente a los más vulnerables, y “acelerar la implantación de las renovables”. La reforma se traduce en un impulso para que las entidades públicas formalicen contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, a los que se denominan “bidireccionales por diferencia”. Es decir, las empresas productoras recibirán una compensación si el pago acordado es inferior al que finalmente registra el mercado, pero éstas también deberán devolver el importe ingresado cuando supere un cierto límite sobre el suscrito. Siete meses de negociaciones hasta esta fumata que figura en el haber de la vicepresidenta Teresa Ribera, que ha ejercido como mediadora por la presidencia española del Consejo. Aunque la apuesta para la implantación definitiva de las energías verdes es determinante, Francia ha exigido y obtenido que figure en el epígrafe de esa carátula la nuclear, en la que el país galo es una potencia y se niega renunciar. Un mecanismo de revisión para acotar sus posibles subvenciones ha permitido superar los recelos de Alemania, que temía darle ventaja a su competidor francés con precios más competitivos por la electricidad que le proporcionan sus centrales ya amortizadas. En definitiva, un paso económico imprescindible que beneficia a todos.
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