La amnistía y el Constitucional

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esta semana el recurso contra la ley de amnistía, presentado por 14 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. La decisión se produce después del pronunciamiento favorable de los letrados de la institución, que conceden legitimidad a los ejecutivos y las asambleas regionales para que puedan impugnar la norma. Por el momento, son ya 19 los recursos que deberá tramitar contra esa ley, la más cuestionada en la historia del máximo órgano de garantías por la posible vulneración de la Carta Magna. 2025 se presenta como un año de máxima actividad para despejar de una vez por todas si se respetó la Constitución cuando se decidió borrar a la carta buena parte de los delitos cometidos por los actores del proceso separatista en Cataluña. Pero antes deberá resolver las más de 50 peticiones de recusaciones contra los miembros del tribunal. Una nueva pugna entre derecha e izquierda que persigue neutralizar la mayoría progresista actual. Como si los partidos políticos dieran por descontado que los miembros del Constitucional también votarán en bloque. Por una parte, se exige la inhibición del propio presidente Conde Pumpido y de Laura Díaz, que ocupó un cargo en el actual Ejecutivo socialista. Por el otro, la de José María Macías, al que la Fiscalía quiere apartar porque durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial validó informes contrarios a la amnistía. Después habrá que aguardar la primera sentencia por el recurso presentado por el Tribunal Supremo y que servirá de guía para el resto de impugnaciones. El máximo órgano judicial entiende que la ley conculca el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Y aprecia que estamos ante “una suerte de amnistía permanente revisable” que cuestionaría el propio sistema democrático. No es una ley más lo que se dirime.