Cataluña: el precio de la normalidad

La presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en los diversos actos de la Fiesta Nacional, su interlocución fácil con otros presidentes autonómicos y, de forma muy destacada, la normalización de la presencia del Rey en diversos actos en Cataluña certifica el final de más de una década en la que desde la principal institución catalana se jugaba a deslegitimar al Estado por todos los medios posibles. Desde este punto de vista, el triunfo del político socialista en las últimas elecciones autonómicas y su posterior investidura, con el apoyo de Esquerra Republicana, ha sido una operación rentable no sólo para el Gobierno, también para el conjunto del país. Pero sería absurdo considerar que este éxito ha salido gratis. Todo lo contrario: se ha pagado un precio tan alto que ha comprometido principios esenciales del sistema democrático. Empezando por los indultos a los condenados por el intento secesionista de 2017, terminando por el compromiso de un sistema financiero privilegiado y dejando en medio la controvertida ley de amnistía, la normalización política de Cataluña ha salido cara. Desde el Gobierno no se ha dudado en poner en juego el principio de igualdad entre todos los españoles y el de solidaridad entre todos los territorios. Es lógico que desde las comunidades más perjudicadas y con menores niveles de renta, como es el caso de Andalucía, se considere un agravio intolerable. La situación todavía se complica más porque en el origen de todos los movimientos que ha hecho el Gobierno estaban sus intereses más inmediatos de permanencia en el poder. La fragmentación parlamentaria surgida de las elecciones de julio de 2023 hizo que Pedro Sánchez se echara en brazos del independentismo vasco y catalán para conseguir su investidura. La hipoteca que se va a tener que pagar tiene muchos plazos todavía pendientes, todos ellos de un alto importe.