Los centros de deportación

La inmigración continúa en el centro del debate en la Unión Europea sin que los Veintisiete sean capaces de abordar con profundidad y presteza el desafío. Más bien al contrario, las presiones por el avance electoral de las formaciones más extremistas inciden directamente en las derivas de las políticas comunitarias. Ahí están los casos de los Estados que han decidido recuperar el control de sus fronteras o los que se plantean directamente suprimir el derecho de asilo, al que pueden acogerse migrantes que huyen de las zonas de conflicto. También se valoran hipotéticas soluciones, presentadas como “innovadoras”, pero que más parecen recetas improvisadas para ganar tiempo ante la falta de respuestas efectivas para afrontar el problema. Valga de ejemplo la discusión sobre la apertura de centros de deportación de inmigrantes en países del extrarradio de la UE, donde no impera la garantista legislación de sus miembros. Ni siquiera Alemania, gobernada por un socialdemócrata, se resiste a contemplar la opción que ha puesto en marcha Meloni, la primera ministra italiana y que por el momento ha frenado la propia justicia transalpina. Albania, el país elegido, espera acumular así méritos para ingresar en el club europeo. Sólo Pedro Sánchez ha rechazado esta alternativa y en su negativa han primado más las razones económicas que las éticas. Pero tampoco las fórmulas que defiende el dirigente español de fomentar una colaboración exterior para promover una “inmigración ordenada” se han demostrado eficaces. La UE coincide en el diagnóstico: la necesidad de frenar la inmigración irregular. Por lo demás, camina en círculo. En mayo suscribió un pacto que entrará en vigor en 2026 y que ahora quiere adelantar. Europa representa un valor seguro para millones de personas dispuestas a jugarse la vida para dejar atrás su presente. Ésa es la auténtica realidad.