Las consecuencias de una chapuza

La violación grupal de una chica en Pamplona, en los Sanfermines de 2016, por parte de un grupo de jóvenes de Sevilla que se autodenominaban la Manadaprodujo una enorme convulsión social en toda España. Entre las muchas consecuencias que acarrearon esos hechos, la más significativa desde el punto de vista legal fue la puesta en marcha por el Gobierno de una ley que reprimiese duramente ese tipo de conductas. Esa norma sería la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada en 2022, que pasaría a ser conocida como la ley del sólo sí es sí. A estas alturas no cabe ninguna duda de que la ley promovida y jaleada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido la mayor chapuza legal vista en muchos años en España y que ha marcado para mal la legislatura del Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos que todavía está en funciones. Por si faltaba alguna guinda al pastel de despropósitos que supuso una reforma legal que redujo las penas a más de mil condenados por delitos de abusos sexuales y propició la excarcelación de más de un centenar de ellos antes de cumplir sus sentencias, el Tribunal Superior de Navarra ha reducido un año de condena a uno de los penados por la actuación de la Manada. Los magistrados han modificado una decisión anterior de la Audiencia de Navarra y han considerado que el penado Ángel Boza puede beneficiarse de la rebaja de condenas que propicia la ley. Es algo más que una triste paradoja. Es la constatación de un fracaso político y social ante el que el Gobierno no supo ni quiso reaccionar en su momento. Sánchez puso por encima la estabilidad de su frágil coalición y sólo cuando vio un riesgo electoral evidente propició una reforma que se quedó a medias, aunque mantuvo en su puesto a la ministra responsable del disparate jurídico. Hoy, y hasta que se constituya un nuevo Gobierno, Irene Montero sigue siendo la máxima responsable de las políticas de igualdad en España.