Editorial
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España se ha metido en un bucle de campañas electorales permanentes. Pocas horas después de que se conociesen los resultados de las municipales y autonómicas del 28 de mayo la convocatoria por sorpresa de las generales para el 23 de julio supuso que la tensión política con la vista puesta en las urnas se va a mantener durante los dos próximos meses. Para 2024 ya se dibujan en el horizonte las europeas y las vascas y se especula con un adelanto de las catalanas que se deberían celebrar en 2025. Esta acumulación de campañas pone de relieve la inutilidad de las mismas como periodos para hacer mítines o para acceder a los medios de comunicación públicos. Ni los mítines sirven para otra cosa que para intentar, ante una parroquia de convencidos, colocar titulares en medios de comunicación y redes sociales y los espacios gratuitos de propaganda pasan inadvertidos y son completamente irrelevantes. Este modelo de campañas hace tiempo que está superado. Las democracias más avanzadas, y España debe de considerarse en ese grupo, hace tiempo que las han centrado en la realización de debates entre los dirigentes de las principales formaciones políticas, fundamentalmente los que tiene posibilidades reales de ganar. En ese sentido, la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar seis debates con Alberto Núñez Feijóo tiene una base plausible y va en la buena dirección, aunque el presidente del Gobierno actúa con el maximalismo que es marca de la casa. La propuesta transpira el nerviosismo e incluso el desconcierto con el que acude Sánchez a las elecciones generales y desprende un fuerte aroma a trampa política. En una cultura poco dada hasta ahora a este tipo de confrontaciones, seis debates posiblemente sean una exageración, pero convendría que los partidos mayoritarios negocien ya cuántos debates y en qué formatos se van a realizar. Los españoles tienen derecho a conocer cómo confrontan los dos aspirantes a presidente del Gobierno.
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