Denuncia pública y presunción de inocencia

La violencia sexual contra la mujer y los abusos son una lacra social de una enorme extensión, que requiere ser combatida desde todos los frentes posibles, también el de la movilización ciudadana. La reciente defenestración política y proscripción social de Íñigo Errejón, uno de los referentes de la llamada nueva izquierda, demuestra que ninguna ideología, ningún tramo de edad ni ningún estrato social escapa a esta plaga. Pero ello no justifica la utilización de medios abiertamente inquisitoriales que comprometen principios básicos del Estado de derecho. Un magistrado investiga ya una denuncia presentada contra Errejón por una actriz que hace tres años se sintió agredida y que ahora lo ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial. El ex portavoz parlamentario de Sumar dispone así de los mecanismos necesarios para articular su defensa. Pero no se olvide que el caso de Errejón empezó con una denuncia anónima aireada en sus redes sociales por una periodista, en funciones de gran inquisidora que ella misma se ha atribuido. Todo lo que ha ocurrido después, aunque el propio afectado aceptara su responsabilidad, ha sido un disparate e incluso una representante política de una formación de izquierdas ha cuestionado públicamente la presunción de inocencia para estos casos. Pero eso no ha sido todo. Lo sucedido con Errejón ha desatado una oleada de denuncias similares, como la que ha afectado, en Andalucía, al alcalde de Algeciras, un caso basado también en anónimos y en redes sociales que se ha desinflado con prontitud. La reprobación social de fenómenos que atentan contra la dignidad de la mujer no puede estar reñida con el funcionamiento del sistema de garantías propio de una democracia. La denuncia ante el juzgado es la respuesta más eficaz que se puede dar a una agresión. Las actuaciones propias de la inquisición y la delación anónima están enterradas, para bien de todos, en la zona más oscura de la historia social. Ahí deben de seguir.