¿Un pacto estatal sobre vivienda?

Más vale tarde que nunca. Parece que por una vez PSOE y PP han pasado a segundo plano tener como actividad casi exclusiva la de enfrentarse a gritos con el contrario y ambos han presentado en los últimos días propuestas, más o menos elaboradas, para hacer frente a la crisis de la vivienda. No es una casualidad. Las dificultades para acceder a una vivienda, sea en propiedad o en alquiler, se han convertido en una de las preocupaciones prioritarias de los españoles y tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han visto en ello un seguro frente de desgaste electoral. Los obstáculos del mercado inmobiliario afectan, de una u otra forma, al conjunto de la población, pero se ceban de forma especialmente intensa con los jóvenes que intentan iniciar su carrera profesional y su propia vida familiar. Es lógico que en las propuestas presentadas por socialistas y populares se dejen ver dos modelos ideológicos. Pero los problemas que intentan abordar son sustancialmente los mismos: una enorme escasez de oferta ante una demanda creciente que empuja los precios a la estratosfera, poco suelo liberado para la promoción pública y elementos que distorsionan el alquiler como es el auge de los pisos turísticos. Teniendo en cuenta que el Gobierno de la nación es el que regula el marco normativo general, pero que son las comunidades autónomas, casi todas en manos del PP, las encargadas de desarrollar los planes específicos, no hubieran estado de más unos mínimos mecanismos de coordinación para abordar la cuestión. Pero eso en estos momentos en España es plantear casi un imposible. En un país sin el grado de polarización política que experimenta el nuestro hubiera sido pertinente, dada la gravedad del problema, plantear un pacto de Estado de vivienda. Aunque parece que por fin los dos grandes partidos toman conciencia, todo indica que seguimos condenados a que la vivienda sea también motivo de disputa permanente. Y así será mucho más difícil arbitrar soluciones eficaces.