Editorial
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Los resultados obtenidos por los socialistas en las elecciones celebradas el domingo en Cataluña no desmienten la política de distensión con el separatismo que ha seguido Pedro Sánchez, en especial la ley de amnistía que todavía está pendiente de su entrada en vigor y que ha convulsionado la política española en los últimos meses. Cualquier análisis que omitiera esta circunstancia carecería de rigurosidad. Con esos resultados, el presidente del Gobierno y su candidato, Salvador Illa, entierran el proceso que tuvo su punto culminante en 2017 y que ha desgarrado a la ciudadanía de esa comunidad y del resto de España. Pero tampoco sería riguroso obviar el precio que han tenido que pagar. Vaya por delante que Sánchez no cedió a las pretensiones de los nacionalistas radicales porque tuviera un proyecto político orientado en esa dirección ni porque lo considerase una necesidad de Estado. Lo hizo impulsado por un único objetivo: mantenerse en el poder, aunque para ello tuviera que contradecir su propio discurso o retorcer una sentencia firme del Tribunal Supremo. Una parte no desdeñable del incremento del voto socialista del pasado domingo se debe a que Sánchez ha asumido postulados reivindicativos del nacionalismo y pretensiones como el pacto fiscal han quedado encima de la mesa. Habrá que estar muy atentos a las negociaciones para la conformación de una mayoría de gobierno y las exigencias que Esquerra Republicana pueda presentar a cambio de su apoyo. Aunque Cataluña haya salido algo más desinflamada de estas elecciones, la amnistía no es más ética ni más razonable. Carles Puigdemont se convierte en el principal referente del independentismo sin tener que rendir cuentas por los sucesos de 2017 y eso es una anomalía democrática. En cualquier caso, el independentismo ha quedado arrinconado en este nuevo tiempo político que se abre en Cataluña, y esto debería contribuir a destensar España. Aunque no cabe duda de que el precio pagado para ello no ha sido barato.
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