¿Aceptará la UE una amnistía?

Ha constituido Sumar un grupo de juristas para preparar, “con naturalidad”, una ley de amnistía a medida de los separatistas. Los otrora defensores de la igualdad ante la ley convocan ahora reuniones para dinamitarla. Flexible, nos dice Ernest Urtasun que no debemos sentirnos presos de la palabra “amnistía”. Andan, pues, buscando algún eufemismo para enmascararla.

Sus argumentos jurídicos son de tal debilidad que rozan lo ridículo. Dicen que, como la Constitución no la menciona, no está prohibida. Olvidan que durante la transición ellos mismos rechazaron la propuesta del Grupo Mixto de incluirla en la Constitución por considerarla contradictoria con las leyes de la naciente democracia. Así que no la menciona porque la descartaron. Tampoco menciona la esclavitud, cuya inconstitucionalidad es manifiesta. Arguyen que aparece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La misma que todavía fija multas en pesetas. Y olvidan todas las disposiciones derogatorias posteriores. Dicen que los parlamentarios, representantes del pueblo español, pueden aprobar las leyes que consideren oportunas. Ese argumento, especialmente peligroso, es el que adujeron los propios separatistas en el parlamento autonómico catalán para perpetrar su sedición y amparar sus malversaciones. A más y más, fue el que emplearon los diputados nacionalsocialistas alemanes, con el apoyo de los centristas, para aprobar la llamada ley habilitante que confirió poderes extraordinarios a Hitler. En democracia, ninguna mayoría parlamentaria puede violar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Nos hablan de las amnistías fiscales. Omiten que fueron declaradas inconstitucionales por unanimidad. Acorralados, dicen que no se trata de un tema jurídico, sino de una cuestión política, única e irrepetible, por el bien de España. Encubren que hace unos pocos meses la rechazaron por inconstitucional. Y, como todos sabemos, su cambio de posición solo se debe a que Sánchez necesita ahora el apoyo de todos los separatistas. Según Edmond Thiébault, la política es el arte de disfrazar de interés general el mero interés particular. Nunca fue eso tan verdad como con esta amnistía. Una cosa es el interés de los sanchistas y otra el de la patria. Aun así, no se arredran.

Tienen todo encaminado, pero afrontan un problemilla. Nadie sabe si la Unión Europea (UE) la aceptará. En los países europeos está penado proclamar la independencia de alguna región. Y en algunos incluso están prohibidos los partidos separatistas. Por ello, los dirigentes europeos se sorprendieron cuando oyeron que derogábamos el delito de sedición para homologarnos con ellos. No obstante, lo consideraron un asunto interno de España. Sin embargo, abrieron una investigación sobre el abaratamiento de la malversación cometida con fines políticos. El propio comisario de Justicia europeo lo ha reconocido. Quieren examinar si se atiene al Derecho Europeo y asegurarse de que no lesiona los “intereses financieros de la Unión Europea”.

Pues bien, los diseñadores de la amnistía no solo están pensando en incluir las agresiones a policías y las violentas protestas contra las sentencias judiciales, sino también las múltiples malversaciones cometidas para sufragar el referéndum de segregación y pagar las multas a los judicialmente condenados. Esta vez no se trataría de suavizar el delito de malversación, lo que ya les resultó sospechoso a las autoridades europeas, sino decididamente de obviarlo. Si eres separatista, puedes malversar; si no eres separatista, no puedes malversar. Parece sencillo, pero las altas instancias europeas están repletas de funcionarios obtusos que consideran aberrante el lema de Sumar, Todo cabe en el Derecho. Más bien esas cabezas cuadradas se muestran irrazonablemente escrupulosas con el manejo de los dineros públicos y olfatean chamusquina en el nuevo eufemismo de aliviar penalmente la malversación. Por tanto, es posible que los asesores del comisario europeo de Justicia pongan alguna peguilla a amnistiar la malversación. Los alemanes, los daneses y los holandeses no piensan que el dinero público no sea de nadie. Obstinadamente, creen que, como ha salido del bolsillo de sus compatriotas contribuyentes, hay que tratarlo con quirúrgica precisión. Bastaría con que Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, presentase alguna objeción por escrito a amnistiar la malversación para que la maquinaria europea se pusiese en marcha.

¿Cuál sería el motivo para abrir una investigación europea sobre la voluntad de amnistiar todas las malversaciones separatistas? De entrada, exhibe el estigma de dilapidar recursos públicos, cosa a la que nuestros gobernantes no ponen pegas, pero los puntillosos burócratas europeos rechazan por motivos jurídicos, políticos e incluso emocionales. Nacidas en sociedades luteranas y calvinistas, estas gentes no comparten el relajamiento mediterráneo con las cuestiones monetarias. Se escindieron del catolicismo por, entre otras cosas, la proliferación de la simonía que padecía. Si no les gustaba que se vendiesen favores eclesiásticos, lo mismo ahora no les gusta que se vendan favores políticos. Como no necesitan, ni reconocen, a los separatistas catalanes, podrían ponernos en la triste situación de que no aceptasen que dejemos de perseguir la malversación