Inseguridad jurídica y Ferrovial

Si alguien tenía dudas de la bajeza moral del actual Gobierno de coalición, los recientes acontecimientos disipan cualquiera. En su primera comunicación al mercado para anunciar la operación, Ferrovial había afirmado entre las razones que motivaban su establecimiento que los Países Bajos contaban con un "marco jurídico estable". Yo creo que la mejor prueba de la falta de ese marco jurídico estable en España es el ataque personal en jauría al presidente de Ferrovial tras el anuncio de la decisión más propia de un país chavista que de uno europeo. Para la estulticia amplificadora de los ladridos -han puesto altavoz a la publicidad negativa- no hay palabras.

Yendo al fondo de la decisión, es elemental recordar que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 49 TFUE) garantiza el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales. Es indiscutible que la decisión de Ferrovial tiene amparo en el Derecho europeo. Precisamente, por la existencia de un mercado interior dotado de estas libertades de circulación y establecimiento para personas y empresas, los gobiernos debieran ser especialmente cuidadosos con las trabas y cargas que imponen.

Ferrovial se había quedado corta en la crítica que acaba de rectificar. La inseguridad jurídica que padecemos es patente. Empecemos por lo fundamental. Queridos lectores, existen más de 100.000 normas en vigor con un coste de 45.000 millones, según la CEOE. Así, por ejemplo, en 2021, se editaron en nuestro país un total de 241.803 páginas de BOE. Mi padre, Juan B. Jordano Barea, llamaba a esto la "diarrea legislativa" (se inspiraba en la "legislación motorizada" de Carl Smith). Pero tenía razón mi padre: es diarrea legislativa y como prueba palpablemente la ley del sólo sí es sí, que de momento ha rebajado las penas a 721 delincuentes sexuales según el propio CGPJ. El Consejo advirtió en el punto 245 de su informe que la reforma comportaría revisiones de las condenas máximas establecidas. Y los responsables lejos de dimitir por dignidad o reconocer el error se enrocan en el sostenella e no enmendalla sectario.

Esa inseguridad jurídica original viene acentuada por el caos judicial con un coste incalculable para la actividad empresarial. Más de tres millones de asuntos en los tribunales por resolver -5.000 ante el Tribunal Constitucional (con periodos medios de tramitación de años que convierten la justicia en una quimera)-. La huelga de los Letrados de Administración de Justicia ha hecho empeorar la situación ya precaria. Y todo ello unido a la degradación del Tribunal Constitucional donde se ha nombrado no ya a personas afines al Gobierno o incursos en abstención por haber colaborado o formado parte de él, sino lo que es peor; se ha nombrado a magistrados sin prestigio ni currículo para serlo. ¿Y qué independencia se puede esperar de personas sin formación ni valía?

Pero la crisis de la ley y una Justicia infradotada de medios personales y materiales y politizada se combina con la degradación de la clase política. El esperpento de Tito Berni para mí tiene anécdotas (la coca, meretrices y los gayumbos) y categorías. Categoría es que una persona de ese nivel haya podido ser diputado de las Cortes Generales de nuestra Nación. Categoría es la ineptitud del Ministerio Fiscal posibilitando la destrucción de pruebas y la probable impunidad. Por último, la inseguridad jurídica se completa con un Estado que esquilma al sector productivo con normas irracionales y leyes tributarias ad hoc de facto incautatorias de la riqueza.

Urgen la simplificación y codificación del ordenamiento como están haciendo en los países del norte y la propia Unión Europea. Urgen la reforma y la dotación de la justicia. Urge la renovación de la clase política. Urge también una investigación disciplinaria sobre la actuación del Ministerio Fiscal en el caso de Tito Berni, donde se ha podido incurrir como mínimo en negligencia. Urge la reforma tributaria que nos haga un país competitivo. Aunque no comparto la decisión de Ferrovial -con evidente coste reputacional-, menos comparto las decisiones, errores flagrantes y comportamientos que han podido impulsar a Ferrovial a deslocalizarse. Lo descrito es para salir corriendo y no mirar atrás como Lot y su familia en Sodoma.