Privatiza, que algo queda

Uno de los rasgos que caracterizan a los procesos de privatización del sector público es que son, de hecho, irreversibles, dado que en la práctica la reversión de su titularidad al Estado supondría un desembolso de recursos financieros difícilmente asumibles por una economía integrada en la UE como la española, si quiere cumplir con las reglas fiscales vigentes. Nadie imagina cómo se podría abordar la vuelta al sector público del Banco Exterior o de Argentaria, o de Telefónica, entregada a los amigos del presidente Aznar, por citar algunos ejemplos. Las privatizaciones de empresas del sector público -al margen de las irregularidades que pudo haber en algunos casos- son, sin duda, la cara más visible de esa obsesiva tendencia de los gobiernos de la derecha a privar de capital público al Estado, despreciando el hecho cierto de que solamente los poderes públicos pueden actuar en función de un interés más altruista que el simple beneficio, como es el bien común.

Pero hay otros procesos de privatización, más silenciosos, que no ocupan titulares de los medios de comunicación, que pasan casi desapercibidos, que además son presentados a menudo como plasmación de la suprema capacidad de elección -la libertad, siempre es la excusa - de la ciudadanía. En la producción y distribución de bienes y servicios esenciales, la privatización se puede conseguir sin privatizar la oferta; basta con privatizar la demanda, empujando a la ciudadanía con el deterioro sistemático y permanente de la oferta pública. Son esos procesos los que la derecha ha venido llevando a la práctica de forma sostenida durante décadas en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana algo menos tiempo, con los resultados que todo el mundo conoce, y está acometiendo sigilosamente en Andalucía desde hace tres años y medio. Los resultados a los que me refiero son, obviamente, la preeminencia del sector privado tanto en la educación como en la sanidad, gracias al desvío constante de recursos financieros y materiales -incluso en forma de cesión de terrenos y edificios- hacia la oferta privada, lo que necesariamente condujo al deterioro notable del servicio público y a la congruente preferencia de la ciudadanía por el sector privado.

Los datos así lo evidencian: el aseguramiento privado en la sanidad ha crecido en Andalucía en los tres últimos años más que en la media española, superando ya el 20% del total. En el terreno de la educación, según datos recientes del Observatorio de la Educación, en la Formación Profesional de Grado Medio el incremento del número de centros privados ha sido del 59%, mientras que el de centros públicos fue del 3%. En los ciclos de Grado Superior de la Formación Profesional, el número de centros privados que imparten estas enseñanzas ha aumentado un 108%, mientras que el de los centros públicos lo ha hecho en sólo un 12,5%. Todo ello está significando un aumento muy notable del gasto familiar - superior al 27%- dedicado a la sanidad y la educación en Andalucía, gasto que, evidentemente, no pueden acometer en condiciones de igualdad todas las familias, con el consiguiente incremento de la desigualdad.

El problema es que la sociedad andaluza, más allá del marketing de Moreno Bonilla y Bendodo sobre su cacareada moderación, tiene que decidir en pocos meses si esa política sigilosa y sistemática que acabará por cambiar el modelo de Estado del Bienestar consagrado en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de autonomía puede continuar y afianzarse, o si, por el contrario, habrá que avanzar en políticas que, combinando eficacia y rentabilidad social, nos permitan progresar hacia una nueva etapa de modernización de Andalucía. ¿Queremos consolidar y profundizar un modelo que privatiza de hecho la sanidad y la educación, un modelo de sálvese quien pueda, o queremos un modelo que no deje a nadie atrás? Porque no es moderación condenar al fracaso escolar a miles de alumnos de familias con menos recursos, no es moderación conducir a una gran parte de la población a recibir una atención sanitaria tarde y en malas condiciones, no es moderación llevar a miles de familias andaluzas a tener que afrontar unos gastos que le resultan inaccesibles. ¿Cuántas familias andaluzas pueden destinar varios cientos de euros más al mes para esos gastos en educación de sus hijos y asistencia sanitaria privada? ¿Esa es la Andalucía que queremos?