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Lo que esta ocurriendo con Doñana será estudiado en un futuro en los departamentos de ciencias políticas y sociales de todas las universidades europeas, con el nombre de El caso Doñana. Hace más de un siglo Max Weber en El político y el científico, reflexionaba sobre las diferencias pero, también, sobre las estrechas relaciones entre ambos. El político es una persona de acción, obligada a tomar decisiones inevitablemente binarias e irreversibles, mientras que el científico es una persona que escruta crítica y reflexivamente el mundo sin demasiadas urgencias. En cierto modo la ciencia, al menos aquella ciencia de comienzos del XX sobre la que Weber reflexionaba, estaba más cerca de lo que en otro lugar llamó ética de la convicción mientras que la política era el ejemplo paradigmático de la ética de la responsabilidad. En todo caso la ciencia que Weber concebía es aquella susceptible de servir al hombre de acción (al político), del mismo modo que la actitud del político diferiría en los fines, pero no en la naturaleza, que sería muy parecida a la del hombre de ciencia. Desde esta condescendiente posición la ciencia y la política serían complementarias y estarían condenadas a entenderse. ¿Cambiaría Weber de opinión de haber podido contemplar el espectáculo que la Junta está dando en su empeño por sacar adelante una ley de regadío en contra de todos los dictámenes científicos? Sin duda no sería tan indulgente con los políticos. Porque lo que está ocurriendo en Andalucía es un enfrentamiento en toda regla entre la comunidad científica, representada por la Estación Biológica del CSIC y la política, representada por la actual Junta de Andalucía, en torno a un espacio, Doñana, de un valor socio-ecológico sobre el que la comunidad internacional tiene puesto todas las miradas. El caso Doñana es paradigmático por muchas razones. La más importante porque se produce en el contexto del gran reto del cambio climático. El cambio climático no es un invento de la ciencia, es un descubrimiento de la misma, tras un esfuerzo de cientos de científicos que llevan décadas estudiando las complejas interrelaciones entre el hombre y la naturaleza. Pero para muchos políticos, lo actuales de la Junta, por ejemplo, y una parte de la sociedad, todo este asunto no es, en el mejor de los casos más que un engorro que prefieren ignorar y en el peor de los casos el fruto de una negación de la realidad y de las propias evidencias científicas. El caso de la Junta es particularmente interesante porque está negación se produce a pesar de disponer de la mejor información posible ya que desde hace muchos años dentro del propio Parque de Doñana está ubicada la Estación Biológica, con la que comparten mesa en los Consejos de Participación del Espacio Natural. ¿Cómo es posible que ignoren los informes de sus propios científicos? ¿De quien se fían, pues? ¿Quienes son sus asesores, en cuestiones tan complejas? Lo que está ocurriendo con los políticos de la Junta de Andalucía es un ejemplo de lo que Isabelle Stengers la gran filósofa belga, colaboradora en diferentes proyectos con el premio Nobel de física Ilya Prigonine, en su reciente libro : Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de la ciencia, llama, citando a Naomi Oreskes y Erik Conway “mercaderes de la duda”. Desde Copérnico a Galileo o Darwin los científicos se han caracterizado por desvelar “verdades incómodas”, que han obligado a los negacionistas que siempre ha habido a afilar las armas con las que defender sus certezas que creían inexpugnables. Pero las “verdades incomodas” contra las que ahora trabajan estos nuevos “mercaderes de la duda”, no lo son porque no las crean ni carezcan de suficiente información, sino por las consecuencias económicas para un determinado grupo cuyos intereses representan y para sus propios cálculos políticos. Porque, con asombro, lo que los científicos van descubriendo es que aquellos aliados tradicionales que imaginó Weber, lo siguen siendo, ahora, solo cuando “los hechos científicos” pueden ayudar al desarrollo de las fuerzas productivas a cualquier precio pero cuando esto no ocurre “pueden transformarse en promotores de un escepticismo “encarnizado”. “Mercaderes de la duda”, al servicio de intereses puntuales económicos a los que, efectivamente, los resultados de la investigación científica, convertidos, ahora, en informes al servicio de los representantes de los intereses de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos, ciertamente incomodan. Porque lo lamentable del caso Doñana, y los políticos andaluces lo saben, es que, más que de una huida hacia adelante, se trata de una forma de prolongar la obtención de beneficios un poco más tiempo a expensas de explotar unos recursos escasos que son de todos, bajo la amenaza de, en caso contrario, llevar al paro y la pobreza a una parte de la población. Lo que no deja de ser una forma de chantaje moral. Unos políticos a los que el futuro mediato no parece importarle demasiado y cuyas únicas respuestas a falta de razones parecen ser del tipo de: “Dios proveerá”, si creen en los milagros o “Ancha es Castilla”, si son suficientemente cínicos No, Weber no estaba pensando en estos políticos cuando les identificó como los representantes genuinos de la ética de la responsabilidad. Porque lo que se estudiará en los departamentos universitarios del futuro con el caso Doñana no será la ética de la política sino su ausencia. Y, sinceramente, Andalucía no se merece pasar así a la historia.
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