La conjura de los ERE

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por Magdalena Álvarez frente a su condena por prevaricación en el caso de los ERE tiene unas implicaciones jurídicas y políticas que van más allá de la polvareda levantada por el PP contra la decisión del alto Tribunal. En el texto de la misma se afirma que “El fundamento de la condena de la recurrente parte de una comprensión de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Andalucía que no es compatible con la noción de democracia parlamentaria ni, en definitiva, con el concepto mismo de Estado constitucional”. Continúa diciendo que la jurisdicción penal –la Audiencia Provincial y el Supremo– “al calificar de manifiestamente ilegal el sistema de presupuestación” –las transferencias de financiación– “ha ejercido una función que en modo alguno le corresponde atribuyéndose unas prerrogativas que la Constitución no le otorga”. Todo ello, “supone una aplicación imprevisible e insostenible del tipo penal del delito de prevaricación contraria al derecho a la legalidad penal (art.25.1 CE)”.

La conclusión más evidente es que todo el núcleo esencial de la instrucción y las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, esto es, criminalizar la utilización de las transferencias de financiación para poder llevar a cabo los pagos de las ayudas a los trabajadores de empresas en crisis en aquellos años, queda desautorizado por el Constitucional, porque una y otros carecían de jurisdicción para efectuar juicio alguno sobre tales hechos. La denominada pieza política de los ERE se sustentó en un abuso de las funciones jurisdiccionales contrario a la Constitución, sobre el cual ya entonces, en mi condición de presidente del Parlamento de Andalucía, avisé en forma de queja al Consejo General del Poder Judicial y al fiscal del Tribunal Superior de Andalucía.

A la luz de todo ello, es mentira que se defraudaran 680 millones de euros, porque el supuesto fraude se basaba en una supuesta y palmaria ilegalidad que nunca existió porque ni la jueza instructora ni la Audiencia ni el Supremo tenían jurisdicción para declararlo, como se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es mentira que los juzgados y condenados por los ERE robaran esos cientos de millones a los parados andaluces, porque la inmensa mayoría de los más de 6.400 trabajadores que se acogieron a ERE los han recibido y los siguen recibiendo sus destinatarios, los trabajadores y sus familias. Es mentira, por mucho que Moreno Bonilla se empeñe en repetirlo, que los ERE sea el mayor caso de corrupción de la democracia, porque no hubo prevaricación, como queda demostrado ahora.

“Lo diré con rotundidad: estaba convencido entonces y lo sigo estando ahora de que hemos asistido durante años a una operación política en la que se combinaron factores e intereses políticos, jurídicos y mediáticos muy diversos que han producido un resultado en términos judiciales absolutamente injusto y que no se corresponde con la verdad de los hechos”. Esto escribí hace dos años y hoy queda confirmado por la sentencia del Constitucional. Esa operación política tiene nombres y apellidos, el Partido Popular, pero tiene también cooperadores necesarios que con su actuación, desde la fase de instrucción hasta la sentencia de casación del Supremo, han ejercido su función jurisdiccional con manifiesto desprecio al derecho a la justicia penal que consagra el artículo 25.1 de nuestra Constitución. Todos ellos deberían asumir sus responsabilidades.

Porque esa operación ha tenido y tiene aún víctimas: en primerísimo lugar, las personas honradas injustamente condenadas, muchas de ellas aún en prisión, y sus familias, vilipendiadas, humilladas en medios de comunicación al servicio de los autores intelectuales de este montaje. ¿Quién se hace cargo de todo ese dolor, de todas esas vidas rotas, de esas expectativas personales y profesionales truncadas? Pero hay muchas más víctimas: esas decenas de miles de militantes socialistas andaluces que han soportado durante años ser tratados –todavía hoy– como borregos y apesebrados, sometidos a la burla y el desprecio de una parte de la sociedad, en quienes hizo mella la duda sobre la rectitud de sus referentes políticos. Y también son víctimas, en última instancia, los centenares de miles de andaluces y andaluzas que, a pesar de la que ha caído y sigue cayendo, confían en el PSOE de Andalucía, padeciendo la incomprensión y el acoso de quienes no parecen tener otra meta en la vida que el odio y la rabia. El amparo del Tribunal Constitucional recibido por Magdalena Álvarez les ampara también a todos ellos.