La herencia de Yolanda

Al aumento de la desigualdad en los países desarrollados se le atribuye parte de responsabilidad de la creciente insatisfacción social y del ascenso de los populismos en el mundo desarrollado. Es por ello por lo que la distribución de la renta, área de la Economía casi siempre marginada, ha entrado en la agenda de organismos como el FMI y la OCDE, proponiendo políticas correctoras. Además, el “ascensor social” se ha frenado drásticamente y las grandes fortunas se consolidan y se distancian de los niveles de renta medios.

En España la desigualdad es mayor que en Europa, viene aumentando en las dos últimas décadas, la política fiscal tiene menor efecto redistributivo que en nuestro entorno, y los jóvenes españoles tienen ante sí un panorama más preocupante que en el pasado por la ruptura del pacto generacional implícito en nuestro modelo de Estado de Bienestar, singularmente por el sistema de pensiones y sus reducidos ingresos.

Por todo ello, las medidas que promuevan la igualdad son muy aconsejables en España y especialmente las destinadas a mejorar la posición de los jóvenes. Pero una política de igualdad de oportunidades para los jóvenes y a largo plazo no se puede improvisar para una campaña electoral, en la que los partidos pujan con llamativas ocurrencias. Y esta parece ser la propuesta de Sumar de una “herencia universal” para todos los jóvenes de 18 años, que recibirán 20.000 euros al cumplir los 23. Promesa que se ejecutaría en la próxima legislatura si se configura un gobierno PSOE-Sumar, aunque la propuesta ha sido criticada por Nadia Calviño porque no discrimina según el nivel de renta.

Según el Padrón Municipal, los jóvenes de 18 años se elevaban a 494.543 el pasado año, por lo que la herencia universal ascendería a casi 10.000 millones de euros anuales, y sería una medida que, una vez adoptada, difícilmente podría retirarse en el futuro, con un peso en el presupuesto del 1,71%. Para financiarla proponen un impuesto a las grandes fortunas, lo que, independientemente de su oportunidad, difícilmente alcanzaría a la recaudación requerida, por lo que exigiría nuevos impuestos o aumentar el déficit público y, por otra parte, la vinculación de gastos a ingresos presupuestarios no es una técnica fiscal aconsejable, tanto por la posible variabilidad y pérdida de proporcionalidad de gastos e ingresos, como por la aberración que constituiría la generalización de correspondencias de gastos con impuestos concretos.

Según Yolanda Díaz, la herencia universal será “un trampolín que promueva la libertad para elegir su camino en la vida”, pero a los 23 años ya se han producido los condicionamientos sociales fundamentales en formación e inserción social para que un regalo de 20.000 euros pueda redefinir el curso de la vida de los jóvenes receptores de la “herencia”.

La propuesta define tres posibles finalidades para la aplicación de los 20.000 euros: inserción laboral, emprendimiento o formación. Pero estas finalidades son tan genéricas que pueden interpretarse de formas muy diversas. Probablemente muchos los beneficiarios dedicarían ese dinero a montar una empresa o continuar sus estudios, pero también es posible que otros muchos tratasen de justificar gastos de otra naturaleza disfrazados de las finalidades perseguidas. Para evitarlo está previsto que haya un “acompañamiento administrativo” de la Administración General del Estado. No sabemos si ese acompañamiento facilitaría la gestión administrativa, sería un control rutinario-burocrático o si se implantaría una vigilancia para que la ayuda se aplique a los objetivos. En cualquier caso, será difícil evitar que las ayudas se utilicen (al menos, en parte) para objetivos diferentes de los perseguidos y que se provoque un gasto considerable en la gestión administrativa de las ayudas (la Administración Central no tiene plantilla territorializada para gestionar este tipo de gasto, y si se delega en las administraciones autonómicas los resultados de las aplicaciones puede ser muy desiguales).

Frente a medidas como la referida, he propuesto en otras ocasiones en estas mismas páginas una política de igualdad de oportunidades desde la infancia, que dote de una formación de excelencia a todos los niños y jóvenes, subvencionándoles de forma inversamente proporcional a la renta familiar para que cuando lleguen a los 18 años puedan incorporarse al mundo laboral o continuar su formación con cualificación óptima en conocimientos, habilidades sociales y capacitación profesional. Una propuesta cuya implementación requiere tiempo y continuidad, por lo que los resultados no se conocen en el corto plazo y, por tanto, no tiene rentabilidad política.