Muface no tiene quien le escriba

Leemos estos días que las aseguradoras integradas en Muface se niegan a firmar el nuevo convenio con el Estado. La creación de Muface en 1975, en plena transición, justificada inicialmente por la larga tradición de las mutuas cuyos orígenes se remontan a la Edad Media fue ya, desde el comienzo, una anomalía. El dejar fuera del SSP (Sistema Sanitario Público) a los funcionarios (Muface), a los militares (Isfas) y a los jueces (Mugeju) –estos en 1978–, tuvo más que ver con el poder fáctico que en ese momento representaban los militares y los jueces y, sobre todo, con los intereses que vinculaban a muchos de los líderes de la antigua Convèrgencia con las empresas sanitarias privadas y de aseguramiento en Cataluña y en el resto de España. De esta manera 1,5 millones de españoles quedaban excluidos del SSP y dependientes de los periódicos acuerdos con las aseguradoras privadas. Esta extravagancia ha sido siempre una muela picada en la gestión del SSP. Una de las cosas que siempre me han sorprendido al hablar con docentes y funcionarios, es su desconocimiento del SSP. Se sentían unos privilegiados por tener un seguro privado que garantizaba asistencia médica convencional con el valor añadido de que, si ocurría algo que no pudiera ser cubierto por Muface bien por costoso bien por complicado, siempre tenían el colchón del SSP. Y es este desistimiento de quienes, en cierta manera, son la columna vertebral del país y del Estado, una de las más importantes debilidades a la hora de sostener y defender el SSP. Hoy las cosas ya no son lo mismo. Todos aquellos funcionarios han envejecido y no encuentran una atención suficiente en un sistema privado que ha crecido de tal manera que comienza a tener los mismos problemas del resto del SSP. En estos días nos hemos enterado de que Adeslas, Asisa y DKV (las tres más importantes compañías concertadas) renuncian a participar en el próximo concierto de Muface. Las compañías aseguran que la oferta del Ministerio no cubre sus necesidades. El Estado ofrece en el nuevo concierto un incremento respecto a 2024 del 7%. Las aseguradoras lo han rechazado y exigen para firmar el convenio un incremento del 40% (¡40%!). El Ministerio está preparando, al parecer, una nueva oferta. A mí, sinceramente, me parece sorprendente este pulso al SSP por parte de unas compañías privadas cuyas ganancias en los últimos años se han disparado. Así, en su página de internet leemos que el Grupo Asisa siguió creciendo (año 2023) en todos los ramos que opera y que el volumen de primas acumulado supuso un nuevo récord de facturación, tras aumentar un 4,3% respecto a 2022. En otra página leemos que el grupo DKV tuvo en 2023 un incremento del 9% de beneficios respecto al ejercicio anterior. También en internet leemos que el beneficio neto del año 2023 del grupo Adeslas ha sido de 490 millones de euros, lo que supone un incremento de 79 millones de euros, sobre el año anterior. Unas ganancias que no están nada mal ni son nada sorprendentes. La facturación de la sanidad privada española lleva una tendencia al alza desde la crisis de 2008, que ha colocado a España en el quinto lugar en Europa en gasto en medicina privada. Las crisis sientan bien a la medicina privada y muy mal a la pública, que termina apechugando con lo que le echen cuando vienen mal dadas. Ahora las grandes aseguradoras dicen que les cuesta dinero atender a los pacientes del SSP. Así será si ellas lo dicen, aunque no parece que esas cuentas estén afectando a sus cuentas de resultados. No hay que esperar ninguna solidaridad de los consejos de administración de estas compañías. Hasta aquí podíamos llegar. Por eso tal vez sea el momento de coger el toro por los cuernos y abandonar un concierto “tan perjudicial” para las compañías privadas. Sin duda revertir esta anomalía tendría un coste de complejidad en la gestión del SSP y no sería el menor respetar los derechos y las preferencias de los funcionarios, de los juristas y de los militares que aún permanecen en sus singulares sistemas, aunque muchos de ellos, cada vez más, se están pasando a la “Seguridad Social”. Pero no sería el problema el económico. Si consideráramos a ese millón y medio de funcionarios atendidos en Muface como la CCAA número 18, sus virtuales habitantes recibirán más dinero per cápita que muchas de las restantes CCAA, si el Estado acepta la subida del 40% solicitada por las aseguradoras. No hay razón alguna para que tenga que costar más la atención médica de estos ciudadanos atendidos en Muface que los de cualquiera otra CCAA. La diferencia es que, en contra de los tópicos, el SSP gestiona mejor y no tiene que garantizar a ningún consejo de administración un incremento anual de facturación superior al 11,5%, que es el incremento medio experimentado por la sanidad privada española en los últimos años. Y esto sin gozar del privilegio que tienen las mutuas de reservarse el derecho de admisión, cosa que no puede ni debe hacer el SSP.

Muchos, especialmente los economistas que trabajan para las compañías privadas, lo negarán, pero si usted lector tiene alguna duda basta con que mire la quiebra a la que ha llevado el mutualismo al, por otro lado, costoso sistema mutualista alemán, ahora tocado y haciendo aguas por todas partes.