La traición sobrevuela Andalucía

Andalucía lideraba la economía española en el XIX. Es cierto que adolecía de graves desequilibrios. La justicia social y el reparto equitativo de la riqueza son conceptos modernos. Pero aquel capitalismo agrario, unido al comercio con América y al librecambio la convirtieron en la región más rica de España. Su economía se basaba en la agricultura, la minería –Río Tinto, Alquife o Peñarroya, entre otras–, los primeros focos fabriles surgidos en la Revolución Industrial –los segundos Altos Hornos de España se construyen en Marbella en 1826– y por supuesto, las exportaciones. Sólo desde Jerez salen anualmente dieciséis mil botas de vino en la década de los cuarenta, el doble que veinte años antes; a las que hay que añadir Málaga y Montilla, zona esta última donde en esos años se inicia la exportación directa.

Tras la independencia de la América Hispana y dado que el comercio era la fuente principal de sus ingresos y riqueza, la burguesía andaluza quiso mantener un sistema librecambista incluso por la fuerza, sumándose a los pronunciamientos liberales. Pero aquella España acomplejada, ensimismada en su pasado imperial y atacada desde dentro por el carlismo que anhelaba la vuelta al medievo sucumbió al más rancio caciquismo y a un proteccionismo que beneficiaba, sobre todo, a vascos y catalanes, amén de a la Corte madrileña donde se repartían contratos y mercedes con criterios de amiguismo y corrupción para aferrarse al poder. Andalucía, aún con el intento industrializador malagueño, quedó en el furgón de cola y pasó de tener en 1860 un PIB per cápita superior en un tercio a la media, a situarse un 13% por debajo a inicios del XX y un 30% en 1930.

¿Cómo fue posible esa degradación acelerada y continua de la economía de una región tan grande y poblada como era y sigue siendo la nuestra? Básicamente, porque sus elites políticas y económicas lo permitieron a cambio de mantener su posición predominante y para congraciarse con el gobierno nacional.

La traición de las elites andaluzas culminó en la década de los ochenta del siglo XIX cuando la aparición de los aranceles provoca que se pierda la ventaja relativa de la economía andaluza. Entonces, el caciquismo político imperante permite mantener el control político ocupando escaños en las Cortes y el económico, gracias a la existencia de una amplísima mano de obra, barata y analfabeta. Surge el absentista que vive en Madrid haciendo política para su medro personal mientras deja las explotaciones agrarias en manos de terceros. Amén del hecho palmario de que el control de casi todas las grandes compañías mineras y ferroviarias está, de algún modo, en manos extranjeras.

El proteccionismo se refuerza tras la pérdida de los últimos restos coloniales y es la clave de la postergación de Andalucía y el empuje de Madrid, País Vasco y Cataluña desde el gobierno nacional. Como escribía Stendhal en su Diario de un Turista ya en 1839: “Los catalanes quieren leyes justas, a excepción de la ley de aduana que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague cuatro francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar los excelentes paños ingleses que cuestan un franco la vara”. Resulta premonitorio leer a Prat de La Riba hablar de “imperialismo catalán” o entender cómo la innecesaria guerra de África es un gran negocio para los pañeros catalanes. Y aunque hoy, el nacionalismo catalán lo niegue, el franquismo sigue igual senda. La mano de obra andaluza –y extremeña, murciana o manchega– es imprescindible para el desarrollo industrial que el Gobierno, por interés político, sitúa en País Vasco y Cataluña. Hasta el punto de que los capitales remesados por los emigrantes andaluces que se custodian en sus Cajas de Ahorros se destinan por orden directa de los gobiernos de Franco a proyectos del INI en País Vasco y Cataluña. Sin olvidar que tal y como se establece por un decreto de 1943, derogado en 1979, sólo Barcelona y Valencia podían organizar Ferias de Muestras internacionales.

A este sistema quiso poner fin la Constitución de 1978 y el sistema autonómico que con todos los matices y defectos que queramos achacarle, ha hecho más por la igualdad económica y social de los españoles que los dos siglos anteriores. Hoy, como hace un siglo, la mera ambición de poder puede llevar a Andalucía a la postergación económica beneficiando, una vez más, a Cataluña. Los líderes regionales del PSOE podrán traicionarnos como hicieron las élites burguesas hace un siglo, pero la sociedad andaluza es otra. Se pueden vender por un ministerio o una subsecretaría, pero la ciudadanía ya no es aquella masa analfabeta. Si el concierto económico para Cataluña es la solución, ¿por qué no lo incluyó el PSOE en su programa electoral? Por lo mismo que ninguna de las concesiones realizadas a los independentistas: porque sólo son la consecuencia de haberse sometido a un chantaje con el único objetivo, no de gobernar, sino de mantenerse en el Gobierno. Pero Andalucía es romana y Roma, no paga traidores.