La trampa del ‘café para todos’

Se ha abierto en España un debate acerca de si estamos asistiendo a una mutación constitucional, lo que implicaría que se estarían interpretando varios preceptos constitucionales en un sentido no ya distinto, sino opuesto al que pretendieron los constituyentes y aprobaron los españoles en referéndum. Para que esa mutación constitucional sea posible basta con una mayoría parlamentaria que pueda aprobar leyes orgánicas, pero no reformar la Constitución según los trámites previstos en su texto. Y también ayuda que algunos miembros del Tribunal Constitucional se apunten a la teoría constructivista, según la cual ellos no están para verificar si las leyes caben en la Constitución (para eso bastaría con unos bien formados funcionarios, dicen ellos mismos), sino para desarrollar creativamente las previsiones constitucionales, adaptándolas a los nuevos tiempos. En resumen, para suplir a los ciudadanos en la potestad de modificar la Constitución.

En mi opinión, el escenario es todavía más grave, pues no solo estamos en riesgo de que nos impongan la citada mutación constitucional, sino que transformen la nación española en un conglomerado de nacioncitas. De hecho, buena parte de la izquierda española asume la tesis plurinacional, siendo la única excepción notable la del grupo de los Jacobinos, dirigido por el abogado Guillermo del Valle. Denuncian los Jacobinos, y llevan razón, que asumir la plurinacionalidad implica cargarse la igualdad de los españoles. Y no solo en el plano jurídico, como igualdad ante la ley, sino también en el plano material, pues se bloquearía la solidaridad entre los ciudadanos de las diversas regiones. Y digo solidaridad entre los ciudadanos, que no entre los territorios, pues son las personas, físicas o jurídicas, las que la pagan los impuestos, que no las hectáreas, ni los ecosistemas. Es difícil de entender cómo Sumar y otras organizaciones de izquierda obvian el dato palmario de que los servicios públicos de la mayoría de las comunidades autónomas españolas se deteriorarían si dejasen de recibir dinero de los contribuyentes más pudientes de Madrid, las islas Baleares y Cataluña. Habría que citar también a las de las provincias vascas, pero esos no contribuyen a la Hacienda común desde un principio, merced a la forma ostensiblemente defraudadora de calcular el llamado cupo vasco que han logrado imponer. En resumen, salvo Jacobinos, Sumar y compañía coinciden en la perjudicial tesis plurinacionalista con opciones tan derechistas e insolidarias como el Partido Nacionalista Vasco y Juntos por Cataluña.

En ese contexto resulta una trampa mortal la aparentemente igualadora tesis del café para todos. La vienen defendiendo ciertos sectores del PSOE, quizás ignorando que perjudicaría mucho a Andalucía y, en general, a las regiones menos opulentas de España. Desde luego, la enunciación suena muy bien: queremos para Andalucía lo mismo que se le conceda a Cataluña. Parafraseando aquella maternal pregunta, si tu amigo se tirase a un pozo, ¿tú también te tirarías?, podemos cuestionarnos si beneficiaría a Andalucía que se le concediese a su gobierno la capacidad de recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos de la renta de los andaluces. Porque eso es lo que están pidiendo Juntos por Cataluña e Izquierda Republicana de Cataluña, a cambio de seguir apoyando al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Durante la elaboración de la Constitución, la minoría catalana renunció a esa posibilidad por temor a no recaudar lo suficiente para sufragar su proyecto de “hacer país”, pero ahora, visto el chollo de los vascos y crecida su ambición de segregarse de España, quieren hacerse con todos sus impuestos. Uno de los objetivos explícitos de los separatistas catalanes es “corregir el exceso de solidaridad con España” que, según ellos, les ha perjudicado desde la Transición democrática. Si lo lograsen, perjudicaría mucho a los sectores andaluces de menos renta, que son los que más necesitan de unos servicios públicos extensos y eficaces. Y no sería ningún consuelo que también se concediese a Andalucía la misma potestad, porque aquí abundan menos los grandes contribuyentes.

Por los motivos expuestos, no me apunto a la seductora teoría del café para todos, ni quiero para Andalucía lo mismo que le concedan a Cataluña (supongo que no iría en el paquete la prohibición de enseñar en español en las escuelas). Más bien lo que quiero para Andalucía, y para las demás regiones españolas, es que se cumpla al máximo la previsión constitucional de garantizar la solidaridad entre los ciudadanos de todos los territorios. Y resulta que, para lograrlo, lo mismo hay que impedir conceder a los separatistas catalanes determinadas competencias, en vez de pedir que también se las concedan a los andaluces. En resumen, a Andalucía, a Murcia, a Extremadura, e incluso a Galicia, le interesa que España siga siendo una nación más que se convierta en una plurinacionalidad, con la consiguiente compartimentación de los recursos públicos. Eso solo lo dicen los Jacobinos (y la Constitución).