El Ayuntamiento se personará en la causa por el fraude en subvenciones

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo se personará como acusación particular en la causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 por el supuesto fraude detectado en subvenciones al desarrollo en el municipio, según avanzó ayer la alcaldesa peñarriblense, María Gil (PP). La regidora dijo que la intención del equipo de gobierno es "defender los intereses del Ayuntamiento". En la causa se encuetran imputados la exalcaldesa, Luisa Ruiz (PSOE), y los dos empresarios promotores de los proyectos del Tren Turístico y del Museo del Ferrocarril. Los tres quedaron el jueves por la noche en libertad con cargos tras pasar dos días detenidos en las dependencias del acuartelamiento de La Victoria, en Córdoba capital. El juez los imputa de presuntos delitos contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental.

En el mismo procedimiento se encuentran imputadas una decena de personas, siete de ellos en la misma localidad guadiateña y algunos de ellos técnicos y trabajadores municipales. Gil descartó que el Ayuntamiento vaya a tomar alguna medida medida contra ellos, al entender que la situación de imputado es una "figura jurídica que puede cambiar conforme avance la investigación". Pocos detalles han trascendido de la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Gil también descartó que el equipo de gobierno vaya a pedir responsabilidades a la portavoz socialista. "En absoluto vamos a entrar ahí, porque se trata de una decisión muy personal. Allá cada uno con su conciencia y con su verdad", dijo la alcaldesa.

La propia regidora desveló el martes, tras la detención de Ruiz, que el caso se precipitó por la reclamación del pago de una serie de facturas al Consistorio. El actual equipo de gobierno procedió a revisar la documentación existente en los archivos municipales y, al detectar presuntas irregularidades, decidió poner el caso en manos de la Guardia Civil. La denuncia se interpuso en el mes de octubre del año pasado, pero hasta el martes no estalló ante la opinión pública. La causa irrumpió a primera hora de la mañana del martes en el municipio guadiateño con la llegada de agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, apoyados por unidades del cuerpo de las zonas de actuación.

A mediados de 2008, se presentó el proyecto del tren turístico del Guadiato, una iniciativa que se esperaba entrase en funcionamiento en 2011. María Gil (PP) ya dijo el martes que las supuestas irregularidades se detectaron en una subvención de 1,8 millones de euros de los fondos Miner para el tren y en otra de 500.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para el Museo del Ferrocarril. La operación policial se desarrolló el martes de forma simultánea en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León -lugares donde se gestaron en alguna medida los proyectos frustrados del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril- y culminó con las detenciones. Entre los imputados en Peñarroya-Pueblonuevo están la exinterventora y la exsecretaria entre 2007 y 2011, periodo que se investiga. Ambas han sostenido ante la Guardia Civil que no hubo irregularidades en la tramitación de las subvenciones.

Ruiz participó ayer en una ejecutiva local en la sede del PSOE de Peñarroya para elegir los cargos que asistirán al congreso provincial del 2 de noviembre. Al término dijo que se encuentra "bien" y calificó de "desmesurado" lo ocurrido en los últimos días. Hoy comparecerá por primera vez ante la opinión pública desde su detención.

El PSOE cordobés mantuvo ayer un silencio absoluto sobre la situación de Luisa Ruiz, que también forma parte de la ejecutiva regional del partido. El secretario provincial de los socialistas, Juan Pablo Durán, comparecerá hoy, mientras que el portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, aseguró que el PSOE actuará "como corresponde" cuando se aclare qué se le imputa a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo. De la Chica se pronunció así en la misma línea que lo hiciera la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y señaló que "en cuanto esos hechos que se le imputan se puedan constatar" el PSOE "no va a proteger a nadie". "Si los hechos que se tipifican y las conductas son objetivamente punibles no le quepa duda de que el PSOE actuará", indicó.

El Día intentó ayer contactar, sin éxito, con los dos empresarios detenidos, el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y el consejero delegado de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos.